Diferentes opiniones se han generado con relación a los videos publicados recientemente por el presidente Jimmy Morales en sus redes sociales. Uno sobre el supuesto allanamiento “ilegal” hecho por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Casa Presidencial en 2016, y otro de las declaraciones de un representante de esa comisión durante una audiencia en Tribunales.
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Estos incidentes y otros ocurridos en el país han generado que incluso se hable de que el Organismo Ejecutivo estaría declarando un estado de excepción próximamente o que se buscaría realizar acciones para expulsar al comisionado Iván Velásquez.
Este tema fue analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados en cabina Javier Monterroso, exsecretario privado del MP; y Aquiles Faillace, expresidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación.
Al ser cuestionado acerca de si considera que Morales podría utilizar las leyes de orden público para ir en contra de la CICIG, Faillace dijo que “conociendo al presidente, cualquier cosa es posible”. Asimismo, indicó que una decisión de ese tipo generaría repercusiones geopolíticas “tremendas”.
A su criterio, existe la duda de qué es lo que se verá en los próximos días, si “un show de fuerza o un laberinto legal” en el cual se haga referencia al acuerdo de creación de la CICIG, la Ley de Orden Público y la ley marco del Consejo de Seguridad Nacional.
En tanto, Monterroso opinó que se está intentando utilizar la institucionalidad del Estado para justificar la eventual salida de Iván Velásquez, haciendo una serie de hechos aislados.
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“Pareciera que estuvieran juntando toda la información que tuvieran para justificar la salida de la CICIG de Guatemala”, utilizando temas de hace dos años y declaraciones en un caso que no tiene relación directa con lo del presidente, incluyendo además el caso de los Bitkov”, agregó.
Al exsecretario privado del MP le parece que es una actitud que no viene al caso para el Presidente de la República, sino que “pareciera más una acción de tuiteros u organizaciones que presentan querellas”.
El entrevistado agregó que podrían aprovecharse de una ley de orden público y basarse en que el Consejo de Seguridad Nacional pueda decir que sí hay una amenaza a la seguridad nacional en lo actuado por la CICIG. “Lo que están intentando hacer es utilizar una ley que ya ni debería estar vigente, debió haber sido reformada por el Congreso”, refirió.
Asimismo, resaltó que la situación jurídica del mandatario está complicada, con antejuicios pendientes de resolver, pero hizo un llamado a Morales para que buscar la cordura y esperar a que se le dé una salida legal y jurídica a estos casos.
Efectos de la eventual salida de Velásquez
Ante el escenario de que Velásquez pudiera ser expulsado del país, los entrevistados expresaron opiniones contrarias en cuanto a cuál sería la reacción de la ciudadanía.
Faillace manifestó que la gente no se va a levantar porque no hay un agravio directo a la ciudadanía. “El problema viene después, (porque) envalentonado (el Ejecutivo) qué va a hacer o qué va a suceder”, dijo.
A su criterio, sacar a la CICIG no va a generar represalia o reacción popular, sino una reacción geopolítica increíble. Esto podrá observarse también cuando se lleve a cabo el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, lo cual está programado para este 16 de mayo. “El mundo no va a querer saber nada de Guatemala por esta acción, viene un aislamiento completo”, expuso.
En tanto, Monterroso calificó como descabellado el hecho de que Morales expulsara a Velásquez, y señaló que sería algo que se revertiría rápido por diferentes temas legales, incluyendo la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que suspendió la decisión de Morales de declarar “non grato” a Velásquez y retirarlo del país en agosto pasado, pues esta continúa vigente.
“Si sacara a Iván Velásquez la gente se va a levantar, muchas personas iríamos a manifestar”, aseguró.
Asimismo, aclaró que formaría parte de las movilizaciones no porque esté de acuerdo con todo lo actuado por la CICIG, sino por considerar que no es la forma adecuada del Ejecutivo de “lidiar con los casos que le vienen encima”.
