Aunque para llevar a cabo las elecciones generales aún faltan algunos meses, el tema del financiamiento electoral ilícito se ha puesto recientemente sobre la mesa, no solo por las reformas que se analizan en el Congreso de la República para este delito, sino además por los casos de investigación presentados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que involucran posibles actos que cabrían en ese ilícito.
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Acerca de ello se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados en cabina participaron los abogados Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); y Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
Quezada se refirió a cuándo un financista y una agrupación política pueden cometer el referido delito. “El que aporta con dinero lícito no tiene ninguna penalidad, la penalidad es quien recibe, mal orienta el recurso, lo toma como anónimo, no lo reporta o lo recibe cuando ya se superó el techo de campaña”, dijo.
De igual forma, dejó en claro que el financiamiento, cuando se aporta con recursos lícitos, no es delito.
Por su parte, el director del ICCPG detalló que en aras de la transparencia, en las organizaciones políticas debe conocerse quiénes han financiado, desde cuotas pequeñas hasta los aportes más grandes.
Según el abogado, Los financistas deben solicitar constancias de traslados de fondos para evitar problemas legales. “(Deben pedir) que el partido político, como una persona jurídica, le entregue una constancia o recibo de las aportaciones hechas”, señaló.
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¿Financiamiento público o privado?
Asimismo, los entrevistados fueron cuestionados acerca de la fase dos de la investigación sobre el supuesto financiamiento electoral ilícito recibido por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que asciende a por lo menos Q8 millones, caso por el cual dos empresarios fueron citados a primera declaración a un juzgado.
A criterio de Quezada, los testimonios podrían haber sido solicitados para verificar si en todo ese “entramado” que se hizo para recaudar y entregar los fondos a la organización política hubo algún otro delito, y no necesariamente porque quienes entregaron los recursos económicos hayan incurrido en hechos ilícitos.
Cabe recordar que el mismo día en el que se presentaron los resultados del proceso de investigación, los empresarios mencionados por la Fiscalía ofrecieron una conferencia de prensa para pedir disculpas, por si acaso por alguna omisión habrían incurrido en algo no legal.
“El perdón se aplaude, pero no es suficiente, el proceso deben enfrentarlo siempre respetándose las garantías”, dijo Díaz acerca de ello.
Añadió que en general el financiamiento electoral tiene muchos brazos de donde tomarse y las investigaciones se deben hacer de forma correcta.
“La averiguación de la verdad se hace en una sala de audiencias y donde toda la población podamos observar. Se formula a partir de la contradicción de posiciones en la audiencia. Si tienen elementos para defenderse lo deben hacer ante un juez”, expresó el director del Instituto.
“Yo aplaudo que este tipo de casos se exhiban y como sociedad aprendamos que se debe enfrentar ante un juez y con garantías pero que la averiguación sea siempre de forma judicial”, continuó.
Finalmente, se refirió a que el financiamiento electoral en otros países funciona, pero en Guatemala el problema ha sido de dónde proviene el dinero con el que se van a financiar los partidos, al igual que la recurrencia de sobrepasar los límites de campaña.
Según Díaz, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le faltan dientes y autoridad, y es necesario analizar sus funciones y competencias. “El término supremo le queda muy grande, es un órgano administrativo que pone reglas para llevar a cabo los procesos electorales”.
“Hemos tenido que acudir al sistema judicial porque no tenemos sistema previo, fuerte que verifique malas prácticas de los partidos”, exclamó.
En tanto, Quezada se enfocó en la necesidad de que en el Estado se mejoren los controles, y no siga siendo un arca abierta. “Cualquiera que aporte con malos fines sabe que en el Gobierno hay total discrecionalidad para manejar los fondos públicos”, opinó.
De acuerdo con el profesional, si se hace una reforma electoral sin cambiar la institucionalidad del Estado no será suficiente.
También hizo referencia al tema del financiamiento privado y el financiamiento público. Aunque señaló que se mantiene la pregunta acerca de que si los integrantes de los partidos llegarían o no a cometer actos de corrupción al gobierno si en caso no tendrían que recurrir a fondos privados y se les entregaran fondos de los impuestos.
