Para el cinco de junio está programado el inicio de la audiencia de etapa intermedia en el caso Hogar Seguro, en el cual están sindicados cinco exfuncionarios por su presunta vinculación con la muerte de 41 niñas durante un incendio ocurrido en marzo de 2017.
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio cuenta con más de 800 medios de prueba para respaldar las acusaciones contra los extrabajadores de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Policía Nacional Civil (PNC) y del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
El Ministerio Público (MP) presentará en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal las pruebas documentales, periciales y la declaración en anticipo de prueba de ocho menores sobrevivientes del incendio.
Asimismo, la Fiscalía cuenta con el análisis de las cámaras de video, peritajes de necropsias, lofoscopicos, psicológicos, psiquiátricos, fisicoquímico y el peritaje.
De igual forma, presentará la declaración de ocho agentes de la PNC que estuvieron presentes el día de los hechos en el centro para menores, que además de las fallecidas dejó a 15 adolescentes heridas, algunas incluso con amputaciones en sus cuerpos.
“También se reproducirán los audios de la declaración de tres extrabajadores del área administrativa del Hogar Seguro”, explicó Julia Barrera, portavoz del ente investigador.
Sindicados
Entre los señalados se encuentra Lucinda Eva Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC, a quien se le atribuyen los delitos de maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo e incumplimiento de deberes.
“Según la investigación del MP, Marroquín era la encargada de tener la llave y no abrir el aula donde sucedió la tragedia”, indicó la vocera.
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De igual forma, están señalados Brenda Jullisa Chaman Pacay, exsupervisora del departamento contra el Maltrato del Hogar Seguro; y Harold Augusto Flores, jefe de la Procuraduría de la Niñez de la PGN, ambos por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad y homicidio culposo.
Mientras que Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez de la PDH, es sindicad de incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad; y Luis Armando Pérez Borja, subcomisario de la PNC y jefe de operaciones de la Comisaría 13, sindicado de abuso de autoridad y maltrato.
Por este caso están a la espera del inicio del debate tres extitulares de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y del Hogar Seguro.