La comisión de Trabajo del Congreso escuchó los argumentos del ponente de la iniciativa de ley que impulsa entregar un bono escolar anual en el sector público como en el privado.
De acuerdo a la propuesta es fijar una prestación laboral obligatoria de Q1 mil por familia para los empleados que tengan un año interrumpido en la empresa y en caso que la relación de trabajo sea menor a ese plazo la bonificación será proporcional al tiempo laborado, por lo que se tomará como base el salario mínimo.
El pago deberá realizarse en enero de cada año y no podrá ser sustituido con pago de especie, los empleados deberán presentar la certificación de nacimiento de sus hijos menores de edad, como la liquidación de gastos escolares ante el patrono en un plazo de 30 días.
Las empresas o instituciones gubernamentales que no estarán obligadas a pagarlo son aquellos donde hayan convenios o pactos colectivos que ya otorguen dicho beneficio.
Los trabajadores que no reciban dicho beneficio podrán denunciar ante el Ministerio de Trabajo el impago, mientras que en las entidades del Estado el Ministerio de Finanzas deberá realizar las readecuaciones presupuestarias para cumplir con ese compromiso.
La sala de trabajo legislativa deberá analizar la justificación del congresista De León para decidir el dictamen a dicha iniciativa.