La gestión de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público (MP) finaliza este 17 de mayo, después de cuatro años de trabajo.
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Aldana fue nombrada en el cargo por el expresidente Otto Pérez Molina, hoy una de las personas acusadas por el órgano investigador.
Desde hoy, el lugar de Aldana será ocupado por María Consuelo Porras Argueta, electa por el mandatario Jimmy Morales.
Hasta antes de ser designadas en el puesto, se desempeñaba como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad.
Caso “La Línea”, la caída del gobierno
El caso de defraudación aduanera “La Línea” originó la caída del gobierno del desaparecido Partido Patriota. Figura como el caso de mayor relevancia del MP con Aldana.
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Otro golpe: Cooptación del Estado
El segundo gran golpe de la gestión de Aldana a la corrupción gubernamental fue el caso “Cooptación del Estado”, en el que se involucró a Pérez Molina y Roxana Baldetti en una estructura que se habría apoderado de manera ilegal de varias entidades públicas, de las cuales recibían comisiones ilegales.
Corrupción en el RGP: el botín
El caso “Estado como botín: Registro General de la Propiedad (RGP)” puso en aprietos al gobierno de Jimmy Morales, pues se involucró a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del mandatario, en la supuesta evasión del pago de impuestos.
FCN-Nación y su financiamiento
La Fiscalía también se enfocó en las auditorías que el Tribunal Supremo Electoral hizo a los partidos políticos en los comicios de 2015. El Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) figura en tres expedientes que forman un mismo caso. Se señala a la organización por financiamiento electoral ilícito.
La “Caja de Pandora” de la Muni
Se investiga el supuesto financiamiento electoral ilícito que en 2015 habría recibido el Partido Unionista, cuyo origen estaría en la Municipalidad de Guatemala. Por el caso se pidió retirar el derecho de inmunidad al alcalde Álvaro Arzú, quien falleció el pasado 27 de abril.
Militares ante la justicia común
Dos expedientes llevaron a oficiales militares ante la justicia común: el caso “Creompaz” y el caso “Molina Theissen”. En ambos se investigan supuestos hechos delictivos que habrían sido cometidos por autoridades castrenses, quienes no evitaron el uso excesivo de la fuerzas públicas en contra de ciudadanos.
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