La canciller Sandra Jovel reiteró este martes que por ahora no dará a conocer el nombre de las personas que pusieron a disposición el avión en el cual se trasladó el presidente Jimmy Morales y la comitiva oficial que viajó a Israel. En tanto, expertos resaltaron que ocultar información de carácter público podría generar acciones legales contra la funcionaria.
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El tema fue analizado en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde participaron como invitados en cabina Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado penalista; y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC). Mientras que por la vía telefónica se conversó con Jovel.
El pasado 14 de mayo varios guatemaltecos viajaron hacia Israel para inaugurar el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, actividad llevada a cabo dos días después. Aunque, según Jovel, la comitiva oficial estaba integrada por entre ocho y 10 personas, no solo fueron estas las que utilizaron un avión puesto a disposición por “un señor” del que la canciller no ha revelado la identidad.
El argumento de la funcionaria para no hacer público el nombre de quien financió el viaje es que esta persona solicitó el anonimato “por razones de seguridad”.
“Desde un inicio se había pensado hacer el traslado de los funcionarios por la vía comercial. Para los judíos religiosamente el dar significa bendiciones. Hubo muchos ofrecimientos de la comunidad judía y en su mayoría casi todos se rechazaron”, explicó.
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“Con relación al avión, la persona que ofreció y puso a disposición el vuelo ama el Estado de Israel y quiso colaborar con Guatemala. Es una persona que no tiene ningún vínculo ni económico ni de comercio con Guatemala, se dedica a sus negocios en otros países”, dijo.
“Esta persona pidió que por favor solo su nombre estuviese en anonimato, por seguridad de él mismo, por esa razón no se dio. Yo se lo dije a los medios, que sí se prestó un servicio que puso a disposición la persona a Guatemala para poder trasladar a la delegación oficial”, continuó.
La ministra de Relaciones Exteriores dijo que podría volver a preguntarle si él desea que se dé a conocer su nombre, aunque aseguró: “yo no puedo violar algo que él está pidiendo”.
Y resaltó: “No estamos dando nada a cambio nosotros. No hubo ningún pago de por medio. No se debe tampoco ningún favor. Es más, el señor de buena fe por el apoyo que le tiene a Israel y Guatemala es que puso a disposición su avión”.
Por aparte, Jovel dijo que en una primera actividad que se hizo en Israel asistieron aproximadamente 300 personas por parte de Guatemala, incluyendo a quienes viajaron por sus propios medios. Mientras que en un segundo acto, estuvieron presentes unas mil personas, no solo ciudadanos de Israel y Guatemala, sino quienes decidieron participar y viajaron por sus propios medios.
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Podrían darse acciones legales
De acuerdo con Pérez y Marroquín, el hecho de ocultar información sobre un viaje de funcionarios públicos podría acarrearle acciones legales a Jovel y a otras personas de las que viajaron y ejercen un cargo público, pues deben revelar quién o quiénes y por qué se pagó ese vuelo.
Los entrevistados coincidieron en que existe un principio básico que indica que todos los actos de la administración pública son públicos, salvo excepciones en secretos diplomáticos o militares.
Asimismo, detallaron que las leyes que podrían estarse incumpliendo por parte de los funcionarios que viajaron y no den a conocer a los financistas serían la de Acceso a la Información Pública y la de Probidad.
El abogado Pérez Trabanino señaló que es muy grave que el Ejecutivo no haya querido brindar datos de las fuentes de financiamiento. “La canciller está obligada a dar la información, no tiene otra opción, el derecho a la información pública es fundamental”, dijo.
Y añadió que “tarde o temprano la canciller va a dar la información, la puede dar de forma voluntaria o a través de resoluciones judiciales”, por lo cual consideró que es un desgaste totalmente innecesario y absurdo negarse a brindarla ahora.
“Ninguna persona puede darle una prebenda a ningún funcionario con la excusa de un anonimato, porque no es relación entre particulares, sino con el Estado”. “La canciller debería asesorarse porque lo que se le viene enfrente son procesos legales, pues incluso podría estar incurriendo en abuso de autoridad”, agregó el profesional del derecho.
Mientras que el presidente de Acción Ciudadana aseguró que todos los funcionarios tienen que rendir cuentas, y que el artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información refiere que es obligación pública de oficio del Ejecutivo dar a conocer los informes de los viajes y todos los detalles de los mismos, por lo cual ni siquiera se le debería pedir a Jovel brindar la información, sino que ella de oficio debería ofrecerla.
A su criterio, al no darla a conocer podría percibirse que la funcionaria tiene más lealtad con la o las personas que financiaron el viaje, que con las leyes y los guatemaltecos. “Pone por encima los intereses de unos anónimos, extranjeros, sobre sus responsabilidades como funcionaria”, aseveró.
Por su parte, Jovel explicó que para aceptar el servicio aéreo previamente se hizo un análisis tanto con abogados guatemaltecos como con los abogados del dueño del avión, “para no caer en ningún tipo de acción delictiva, de cohecho pasivo, ni caer en un delito trasnacional”
“Creo yo que lo que están queriendo es tergiversar la información que se está dando, cuando lo que estamos haciendo es decir la verdad”, manifestó.
También dijo que no entiende por qué podría estar incurriendo en un delito, si el objeto de la Ley de Probidad es evitar el desvío de los recursos, bienes y fondos públicos, pero en este caso “no hubo ningún desvío de fondos ni de recursos del Estado”.
