Los sindicados del caso de un contrato anómalo entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Droguería Pisa fallaron en su intento por regresar a sus casas.
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Otto Fernando Molina Stalling, Edgar René de la Peña Archila, Ramiro Lorenzana, Jesús Arnulfo Oliva Leal, Francisco Cortez Bocaletti y Álvaro Manolo Dubón González solicitaron revisión de medidas de coerción y que se les aprobara arresto domiciliario.
El fallo fue emitido por mayoría, es decir, dos en contra y uno a favor de las medidas de otorgarles arresto domiciliario.
El Tribunal también ordenó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evalúe a Oliva Leal para determinar si padece paranoia.
Si se concluye ese extremo, el Inacif debe recomendar si el sospechoso tendría que ser sometido a un tratamiento especializado.
CASO "IGSS-PISA"
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el Seguro Social habría cambiado los servicios para la atención de pacientes con insuficiencia renal, por el ofrecimiento de una comisión ilegal para funcionarios de la entidad.
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Los enfermos renales afiliados al IGSS eran atendidos por la empresa Baxter, pero sin aviso previo se les indicó que el tratamiento se realizaría por la Droguería Pisa.
Algunos pacientes empeoraron después del cambio, y varios fallecieron porque su estado de salud tuvo complicaciones.
Según el Ministerio Público, la junta de licitación que recomendó la contratación de la Droguería Pisa fue influenciada para beneficiar a esa empresa.
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