Uno de los proyectos que ha implementado el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) para reducir el hacinamiento en algunas de las cárceles del país es la libertad para reos por medio de la redención de penas.
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Durante el año pasado, esa institución logró que alrededor de mil personas dejaran la prisión por trabajo y buena conducta, pero principalmente que hayan cumplido con más de la mitad de la sentencia recibida.
Nydia Lissette Arévalo Flores, directora del IDPP, comentó que a pesar de que se considera que es un proceso fácil, requiere de tiempo, ya que el Sistema Penitenciario debe acreditar el comportamiento correcto dentro de la prisión de los acusados para garantizar que serán personas útiles en la sociedad.
“Se debe reflexionar si todos los delitos deberían tener las mismas penas… Ayudará en el tema de la reducción de penas o medidas sustitutivas”. Francisco Jiménez, exministro de Gobernación
Asimismo, se cumple con el artículo 19 de la Constitución de la República que menciona el objetivo principal del Sistema Penitenciario; sin embargo, la directora del Instituto evitó mencionar las condenas de los beneficiados, ya que en varios casos “algunas de las personas prefieren que mueran en prisión”.
Los beneficiados con esa medida estuvieron recluidos en las granjas penales de Cantel, en Quetzaltenango; Canadá, en Escuintla; y Pavón, en Guatemala; otros estuvieron en cárceles de la Policía Nacional Civil.
“La mayor carga surge cuando los sindicados ya no cuentan con recursos para pagar un abogado para lograr la ejecución y son pocos los abogados que llevan esos casos, el 90% de las personas está en cumplimiento de su condena”, resaltó Arévalo Flores.
Aumentan penas
La directora del Instituto espera que la cifra este año sea superior a las mil 500 personas para que logren su reinserción en la sociedad con lo aprendido dentro de los centros de detención, pues se cuenta con órganos jurisdiccionales que ven esas ejecuciones en Quetzaltenango, Zacapa y Guatemala.
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Arévalo Flores agregó que dichas medidas ayudan a que las cárceles no estén saturadas, por lo que reconoció que las autoridades del sistema de justicia deben dialogar para revisar el envío a prisión preventiva, pues hay un hacinamiento de más del 300%.
“En el primer trimestre de este año 300 personas han sido liberadas, pero en años anteriores esa cifra si mucho era de 400 reos que lograban la redención de penas, lo cual era una cifra baja”, resaltó la titular del IDPP.
Para estos procesos, dicha entidad cuenta con nueve abogados que llevan los casos de redención de penas, un coordinador, 10 procuradores y una digitalizadora que se encarga de preparar la documentación cuando la alerta se activa de que las personas cumplieron más del 50% de la condena.
