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Fiscal General y jefe de CICIG acuerdan “seguir trabajando en una estrecha agenda de colaboración”

La jefa del MP y el comisionado sostuvieron hoy la primera reunión de trabajo bilateral.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, sostuvieron este lunes la primera reunión de trabajo bilateral.

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El encuentro se llevó a cabo en horas de la mañana, en la sede del ente investigador, ubicada en el barrio Gerona, zona 1 capitalina.

Julia Barrera, portavoz del MP, explicó que “durante más de dos horas”, Porras y Velásquez conversaron acerca de las acciones en la investigaciones, reformas legales, proyectos y programas en los que participan ambas instituciones.

Añadió que los funcionarios acordaron “seguir trabajando en una estrecha agenda de colaboración”.

Esta es la primera ocasión en la cual se reúnen directamente para abordar las acciones de investigación y el trabajo en conjunto, pues ya la semana pasada habían estado en un encuentro, en donde con titulares de otras entidades evaluaron las propuestas legislativas del sector justicia.

Analizan propuestas

En la reunión del 6 de junio participaron Porras y Velásquez, así como delegados de la Corte Suprema de Justicia, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Centro de Estudios de Guatemala, Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Movimiento Pro Justicia y diputados del Congreso de la República.

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Durante la actividad se analizó la iniciativa 5311, que dispone aprobar reformas al decreto 51-92 del Congreso, Código Procesal Penal y el procedimiento Especial de Aceptación de Cargos.

En tanto, hoy se llevó a cabo un seguimiento a este tema, en donde representantes de las entidades mencionadas se presentaron nuevamente a la sede del MP para continuar con la evaluación de esta iniciativa.

Según se indicó, la propuesta tiene como objetivo “contribuir a la agilización de la justicia penal, promoviendo un mecanismo de salida anticipada al proceso penal, basado en el derecho de la persona sindicada de admitir o aceptar total o parcialmente los cargos imputados acogidos por el juez en la imputación o acusación”.  

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