Los diputados Amilcar Pop y Walter Félix de la bancada Winaq, así como de URNG, presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra del dictamen favorable a la iniciativa 5377 que dispone aprobar reformas al decreto número 145-96 del Congreso de la República, Ley de Reconciliación Nacional.
La acción fue presentada esta tarde por los legisladores ya que esta permitiría "favorecer con amnistía acusados de crímenes de lesa humanidad".
Sobre la iniciativa
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso emitió dictamen favorable a la iniciativa de ley 5377, que promueve reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, con lo cual se podría otorgar amnistía a personas señalados de delitos de lesa humanidad.
Con el aval de esta sala legislativa se da vía libre a la discusión de la propuesta, que busca amnistía para militares y guerrilleros que hayan cometido delitos durante el conflicto armado interno. Y de ser aprobada en el pleno, la ley beneficiaría también a elementos del Ejército que tienen condenas o procesos penales por dichos delitos.
Permitiría cerrar procesos
En el artículo 3, que reforma el artículo 5 del decreto de Reconciliación Nacional, se establece lo siguiente:
“Se declara la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delito que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la URNG, así como a las autoridades del Estado”.
Organizaciones internacionales se oponen
Las entidades son CEJIL, Impunity Watch, Lawyers without borders, Plataforma internacional contra la impunidad, WOLA, Due Process of Law Foundation y Abogados sin fronteras, son quienes se pronuncian desde Washington DC.
De acuerdo con la misiva, las organizaciones indican que se oponen a esta iniciativa, "la cual viola los más elementales principios y normas de Derecho Internacional, que son de cumplimiento obligatorio, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala".
Además, resaltan que "Guatemala tiene prohibido decretar amnistías en relación a las más graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario".
De ocurrir lo anterior, el Estado incumpliría los compromisos adquiridos ante la ONU y la OEA, en relación a la obligación de investigar, enjuicia, sancionar, ordenar reparaciones y brindar garantías de no repetición ante los crímenes más graves que estremecen e indignan a la humanidad, resalta el documento.