El expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Sergio Hernández Lemus, y cinco personas más fueron enviadas juicio por el supuesto mal manejo de recursos de la entidad.
De acuerdo con la resolución del juez décimo de instancia penal, Walter Villatoro, existen indicios serios para considerar que los acusados habrían cometido acciones ilícitas.
Según el juzgador, el caso deberá ser discutido ante un tribunal de sentencia penal para que allí se determine si los procesados son responsables de los delitos que les señala el Ministerio Público (MP).
Quienes enfrentarán debate son:
- Sergio Hernández Lemus, expresidente del Bantrab, por asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
- Juan Miguel Arias España, por asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero.
- Bogdan Armando Aguirre Palacios, por asociación ilícita y lavado de dinero.
- Ronald Giovanni García Navarijo, por asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero.
- Karen Yesenia Florez Paz, por asociación ilícita, peculado en grado de complicidad y lavado de dinero.
- Astrid Iliana Overbeck González, por asociación ilícita y lavado de dinero.
Villatoro aceptó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Bantrab sean querellantes en el juicio, y que la Procuraduría General de la Nación (PGN) participe como agraviada en nombre del Estado.
Además, por sorteo se designó al Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal para que continúe con el trámite del expediente.
Se fijó que entre el 3 y 7 de septiembre próximo el órgano encargado de la persecución penal ofrezca las pruebas que recopiló durante la investigación.
Esto se conocerá en el juicio
En noviembre de 2016, el MP y la Policía Nacional Civil desarrollaron un operativo en el cual se buscaba la captura de varias personas vinculadas al Bantrab, entre quienes figuraban varios exintegrantes de la junta directiva de la entidad.
Se les señalaba por supuestamente haber utilizado Q5.5 millones del banco para adquirir 10 inmuebles que formaban la cartera de crédito de la entidad.
Los bienes estaban valorados en más de Q24 millones, y se presume que los acusados realizaron acciones para apropiarse de manera indebida de los inmuebles.
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