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Investigarán a personal de cárcel Santa Teresa por autorizar traslado de Baldetti al hospital

La audiencia del pasado 15 de junio, en donde el Tribunal de Mayor Riesgo C continuaría con el debate oral y público por el caso Lago de Amatitlán, se vio marcada por la ausencia de una de las sindicadas: la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

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Debido a que en esa fecha no fue trasladada a la Torre de Tribunales por supuestamente presentar problemas médicos, dos trabajadores de la cárcel Santa Teresa, en donde se encuentra recluida, serán investigados.

Se trata de la rectora de esa prisión, Amanda Matus; y la médico María de los Ángeles López, quienes habrían autorizado el traslado de la exgobernante al hospital Roosevelt para ser evaluada.

Baldetti estaba citada para la continuación del juicio en su contra; sin embargo, cuando el Tribunal verificó la asistencia de los acusados, se percató de que no se encontraba. Su abogado defensor aseguró a los jueces que la exfuncionaria presentaba quebrantos de salud, por lo cual no podía presentarse a la diligencia.

El director del Sistema Penitenciario, Juvell de León, informó que se giraron instrucciones para que la ex vicegobernante fuera llevada a un centro asistencial.

En tanto, el presidente del Tribunal ordenó que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evaluaran a la sindicada en el referido hospital, a donde ya había sido trasladada.

Supuestamente Baldetti tenía “diarrea aguda”, pero el dictamen médico especificó que no tenía ningún impedimento para presentarse al juicio. La audiencia se fijó para el próximo 2 de julio.

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En ese sentido, el Tribunal que conoce este caso ordenó que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) investigue a Matus y López.

Además, se señalaron irregularidades en cuanto a una carta que habría enviado la ex vicepresidenta a las autoridades de Santa Teresa, pues tiene fecha de recepción del 14 de junio, pero en uno de los sellos se menciona la fecha de un día antes.

Señalamientos

Este es el primer juicio que enfrenta la exgobernante, por supuestamente estar vinculada con la contratación irregular de una empresa que aplicaría una fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

En este caso hay un total de 13 personas sindicadas, incluido también el hermano de la exfuncionaria, Mario Baldetti, quien según las investigaciones, incidía en las decisiones dentro de entidades públicas, pese a que no laboraba en ellas.

* Con información de Emisoras Unidas.

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