Los bloqueos en algunas carreteras y los sabotajes en energía en los departamentos por supuestos integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) hizo que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) demandara del Ejecutivo y al Ministerio de Gobernación atender la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
De acuerdo con los empresarios, las autoridades no han actuado ante los hechos delincuenciales y exigen una explicación.
Además, el sector privado también se mostró preocupado por la pasividad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en garantizar los derechos, pues el acceso al trabajo, la educación, la salud, la seguridad, la libre locomoción y la libre empresa están en amenaza.
“Es imperativo que las entidades de justicia actúen de inmediato y de acuerdo con lo que ordena el ente constitucional, por lo que informamos a la opinión pública que se están tomando las acciones legales correspondientes”, expresa un comunicado del Cacif.
Varias comunidades han denunciado que distribuidoras del suministro eléctrico ha cortado el servicio por impago de las municipalidades del alumbrado público, por lo que la PDH ha interpuesto varios amparos legales para que se restablezca el servicio.
El último problema entre vecinos y la empresa Energuate fue en Chisec, Alta Verapaz, por bloqueos para que el personal de la distribuidora ingresara a la comunidad para la lectura de facturación y órdenes de servicio.