La ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue representada este lunes en una audiencia del caso La Línea por una abogada del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que le fue asignada porque asegura que no tiene los recursos necesarios para pagar los servicios de un profesional del derecho.
En el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Gálvez, se llevó cabo hoy el tercer intento para iniciar la audiencia de ofrecimiento de pruebas; sin embargo, de nuevo fue suspendida y se reprogramó para el 16 de julio.
La abogada de la exfuncionaria solicitó a Gálvez que se le otorgara un tiempo prudencial para poder conocer el expediente del caso de su defendida, pero el juez rechazó la petición, tomando en cuenta que la profesional tiene a su cargo la defensa de otra de las sindicadas en el mismo proceso.
Ve en Gálvez un “enemigo”
Por aparte, Baldetti tomó la palabra para pedirle a Gálvez que se inhiba de conocer el caso en su contra, pues a su criterio, existe una clara enemistad entre ambos. Además, aseguró que lo considera como su enemigo.
“Yo a ella (la abogada del IDPP) no la conozco, me está violando el artículo 12 de la Constitución. Es usted quien está en contra de mí porque así lo veo. Usted y yo ya tenemos una enemistad, por lo cual le pido se inhiba de conocer, porque cómo va a ser posible que me vaya a dejar en total indefensión”, dijo.
Además, se refirió al motivo por el cual no tiene un abogado particular: “Que yo no haya traído hoy un abogado, es porque no tuve el acuerdo, señor juez. Si usted quiere hacerme las investigaciones económicas que quiera, hágalas, porque se va a dar cuenta que no tengo un centavo para pagar un abogado”.
En tanto, Gálvez ordenó al IDPP hacer un estudio socioeconómico para determinar si en realidad Baldetti no tiene recursos para pagar un profesional del derecho de su confianza. Si en caso se establece que sí está en la posibilidad de costear ese tipo de servicios, la institución procedría a cobrarle los honorarios.
Emplaza al Ministerio Público
Durante la diligencia, el juez apercibió a la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, para que no haya cambio de fiscales en cada audiencia del caso La Línea.
Por el caso La Línea hay 28 personas sindicadas, quienes fueron enviadas a juicio en octubre del año pasado por supuestamente estar vinculadas con una red de defraudación aduanera.