El Ministerio Público (MP) solicitó este jueves al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal que se dicten penas de entre 5 y 28 años de prisión para 20 personas sindicadas de participar en supuestas acciones irregulares en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló a exintegrantes de la junta directiva de esa entidad, empresarios y particulares de los delitos de asociación ilícita, testaferrato, cohecho activo y fraude.
Para el expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, y Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada suspendida del cargo Blanca Stalling, el ente investigador pidió que se les impongan 15 años de cárcel.
El juicio en este proceso se encuentra en fase de conclusiones. Los fiscales finalizaron hoy su participación en esta etapa, después fue el turno de los representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y se espera que tomen la palabra los querellantes y abogados defensores.
El caso
Según investigaciones del MP y la CICIG, se habría realizado una contratación anómala por Q116 millones entre el IGSS y la droguería Pisa para procesos de análisis peritoneal de pacientes que eran atendidos en esa entidad.
Testigos informaron que hubo negligencia médica y que sus familiares murieron debido a ello.
Una de estas personas afirmó durante el juicio que a su papá le entregaron un líquido para tratamiento renal, el cual según ella resultó ser cloro. Declaró que esta sustancia agravó su estado de salud y falleció tres días después de que la empresa Pisa empezó a prestarle servicios.
En tanto, en este caso se le da seguimiento a la supuesta adjudicación anómala de un contrato de arrendamiento de un inmueble en la sede del Seguro Social del departamento de Chiquimula.
