La Municipalidad de Guatemala reiteró este viernes que mantiene las “puertas abiertas” para que el Ministerio Público (MP) acceder a información de esa entidad, esto luego de los allanamientos realizados ayer por parte del ente investigador, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Policía Nacional Civil (PNC).
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En una entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el portavoz de la comuna, Carlos Sandoval, se refirió a las acciones que se desarrollaron en 17 de las dependencias, y criticó los mecanismos que incluyeron la presencia de “elementos armados en una sede donde los fiscales no corren peligro”.
“El que nada debe nada teme, ellos pueden entrar a investigar todo lo que deseen de la municipalidad, pero el punto es cómo lo hacen. En una oficina llegaron 20 elementos fuertemente armados para ir a traer dos factura de tamales, de los que se entregan para los vecinos en posadas o la cena de Navidad”, dijo.
Asimismo, mencionó que aunque se les abrieron las puertas para que pudieran realizar la investigación, en algunas oficinas se les retiró los teléfonos celulares a los trabajadores municipales y, los que deseaban acudir al servicio sanitario, eran acompañados por un agente policial.
Por aparte, hizo referencia a que las operaciones en la comuna se vieron afectadas, pues debieron ser suspendidas temporalmente.
Acerca de esto, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, confirmó que se retuvieron los teléfonos celulares, pero que posteriormente se los entregaron a sus propietarios. Ello porque, de conformidad con temas coercitivos, se puede impedir que las personas se comuniquen en el momento en el que está en desarrollo el operativo.
“Es por propia seguridad de las personas que se encuentran en la diligencia, quien se opone (a entregar su teléfono) incluso podría incurrir en delitos de desobediencia y resistencia”, indicó.
También, según dijo, se les puede pedir a las personas que no se ausenten del lugar durante el operativo.
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En cuanto a la presencia de la PNC para acompañar el proceso, explicó que iban los policías que se consideraron necesarios, eran 10 oficinas de la sede central de la comuna de donde se extraería información, por lo cual se presentaron igual número de autopatrullas.
“No hubo exageración en el uso de la fuerza pública. Son situaciones que quedaron en acta y al amparo de una orden judicial, no es la pimera oficina pública que se allana, no veo por qué la extrañeza”, manifestó el fiscal Sandoval.
Aunque reconoció que, como cualquier diligencia en la que se restringe algún derecho, de repente pudo haber provocado molestia en personas a quienes se les requirió la información, pero que lo actuado está en ley y no impide que la comuna continúe hoy desarrollando sus actividades con normalidad.
Sobre el tema de los agentes para obtener documentación sobre los tamales, pronunció: “Que bueno que tuviéramos 20 policías para ir a traer una factura, lamentablemente se sabe la necesidad de recursos que tiene la propia Policía y todas las instituciones del Estado”.
Se secuestró información sobre el tema para verificar si los tamales y toda la comida podría estar vinculada con la posible comisión de hechos delictivos.
Resultados
El jefe de la FECI explicó que en total se desarrollaron 18 diligencias de allanamiento, 17 en dependencias de la municipalidad de Guatemala y una en una entidad financiera, por medio de las cuales se pudo obtener información relacionada con la investigación que se encuentra en desarrollando en esa Fiscalía. “Fueron muy productivas las diligencias”, aseguró.
En tanto, el portavoz municipal dio a conocer que la información solicitada es la correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. Además, recordó las palabras del alcalde capitalino Ricardo Quiñónez, quien anoche, en una conferencia de prensa, aseguró que la información entregada a los fiscales se puede encontrar en el portal de Guatecompras. “No hay absolutamente nada que no esté colocado allí”, resaltó.
Sobre esa afirmación hecha por el edil, se cuestionó al fiscal acerca del motivo por el cual se allanó la comuna si podían haberse extraído de ese sitio los datos.
Sandoval dijo que, no es específicamente en el caso de la MuniGuate, pero ha habido ocasiones en las cuales en las dependencias se niegan a proporcionarles la totalidad de información que requieren como parte de las pesquisas, así que un operativo de este tipo es como una garantía para obtenerla.
“Es por medio del secuestro de información que se puede garantizar tener (los datos) que obran en las instituciones”, manifestó.
Y el vocero Carlos Sandoval señaló: “el punto es enfocar que somos una institución administrativa, las puertas para el MP siempre han estado abiertas, no se trata de llegar, hacer un allanamiento, llevar fuertes elementos armados a una sede donde los fiscales no corren peligro”.
Ayer, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, confirmó que las diligencias realizadas en la comuna se dieron en seguimiento a las investigaciones por el caso Caja de Pandora, donde estaba vinculado el exalcalde capitalino Álvaro Arzú, por el posible uso de fondos municipales para gastos de agrupaciones políticas.
