Seis estados y la ciudad de Nueva York iniciaron una demanda contra el gobierno, al que acusaron de obligarlos ilegalmente a participar en las acciones del gobierno federal contra los inmigrantes para poder recibir fondos para la lucha contra el delito.
Las demandas fueron presentadas el miércoles en la corte federal de Manhattan en nombre de la ciudad y el estado de Nueva York y los estados de Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts y Virginia.
Piden que un juez declare la inconstitucionalidad del cambio de política anunciado el año pasado y que entró en vigencia el mes pasado.
Los abogados de los estados escribieron en documentos a la corte que el Departamento de Justicia obliga a esas jurisdicciones a aceptar condiciones ilegales que reducen su capacidad de fijar prioridades en materia de seguridad pública y protección de la comunidad.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
$5 mil millones para el muro
Una propuesta de gastos en la Cámara de Representantes incluiría una partida de 5,000 millones de dólares para el muro en la frontera con México que quiere el presidente Donald Trump, un significativo aumento que presagia una agria pugna presupuestaria justo antes de las elecciones legislativas.
Los demócratas se oponen al financiamiento del muro fronterizo pero no tienen los votos necesarios para evitar que los republicanos de la cámara baja aprueben la partida.
Sin embargo sí tienen suficiente fuerza como para descarrilar la iniciativa en el Senado, que está dividido casi en mitades iguales. Sin decir cifras, Trump dijo en abril que "no tendré otra alternativa" que cerrar el gobierno en el otoño si no se asignan los recursos que quiere para la seguridad en la frontera.
Los 5,000 millones están muy por encima de los 1,600 millones propuestos para el próximo año en una medida parecida en el Senado, para financiar al Departamento de Seguridad Nacional.
La mayor partida es lo que Trump ha pedido en privado en conversaciones con legisladores republicanos, de acuerdo con un asistente republicano del Congreso. Este asistente hablo bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente sobre las negociaciones privadas.