El sector empresarial se pronunció con relación a la situación que se vive en Nicaragua, en donde ya se cuentan casi tres meses de protestas antigubernamentales que dejan más de 280 muertos.
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Por medio de un comunicado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) manifestó que la “represión en Nicaragua debe terminar”.
“Es indispensable que Nicaragua pueda iniciar cuanto antes un proceso ordenado y legítimo de transición política. Nicaragua no será un país viable para la paz y el desarrollo mientras el régimen actual siga en el poder”, se lee en el texto.
El cual además exhorta a los nicaragüenses en el sector privado y a la institucionalidad pública del país centroamericano a atender el llamado de su ciudadanía, y bajo todas las previsiones constitucionales, exigir que se respeten los derechos fundamentales y que se exija la renuncia o se sancione y procese a quienes incumplan con ello.
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Pide posiciones contundente
El CACIF solicitó al Gobierno de Guatemala a que retire “a la brevedad” al embajador guatemalteco asignado al vecino país, como una medida de rechazo a la “represión” que vive Nicaragua.
En el documento, expone que también se han enviado “sendas comunicaciones a gremios hermanos” en América Latina para pedirles que requieran de sus respectivos gobiernos emitir un posicionamiento contundente ante esta lamentable situación.
“Estamos solicitando que las entidades gremiales en los distintos foros internacionales en los que participen, incluyan siempre un llamado sobre la situación de Nicaragua y particularmente de condena por los hechos que han provocado su gobierno”, refirieron los empresarios.
Finalmente, el CACIF hizo un llamado al Parlamento Centroamericano, la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Sistema de Integración Centroamericana (Sica) para que se pronuncien “en los términos más enérgicos”.
De igual forma, exhortó a las instituciones a que evalúen la constitución de una misión a Nicaragua, que tenga por objeto “garantizar de inmediato la paz y el respeto a las garantías de los ciudadanos”.