Las resoluciones que ha emitido la Corte de Constitucionalidad (CC) en los últimos meses, y que en parte han generado cierta polémica en torno a si se trata de decisiones apegadas a derecho o tomadas políticamente, fue el tema analizado este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Como invitados en cabina participaron Manuel Villacorta, analista político; y Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado. Mientras que por la vía telefónica se conversó con el exmagistrado de la CC Roberto Molina Barreto.
Acerca de cómo ve a la CC actual, Pérez dijo que lo que la Corte lo que está haciendo es lidiando con las coyunturas. “Todas o muchas de sus resoluciones polémicas, en algunas estoy de acuerdo y en otras no, pero independientemente de la justificación legal tienen un componente político muy grande”, dijo.
Ejemplo de esas resoluciones con “alta influencia política”, son las relacionadas con la declaración de non grato que hizo el presidente Jimmy Morales contra el comisionado Iván Velásquez, y que quedó sin efecto; al igual que la suspensión del nombramiento de Conrado Reyes como magistrado suplente de la CC, explicó el entrevistado.
“Las cosas cambian muy rápido en el país y la Corte ha tomado ese papel de garante, tomando en cuenta lo que considera que está bien o mal desde un punto de vista político”, ello porque es política, no tiene argumentos técnico-jurídicos, sino que siempre va a tener ese componente político en sus resoluciones, aseguró el abogado.
De igual forma, Pérez resaltó que a esta Corte le tocó vivir una mala época y ha sido evidente la influencia política que tiene en sus fallos, pues consideró que es evidente que la CC está defendiendo intereses sectarios, que se enfrentan con otros intereses sectarios, “lo cual está mal para el país, pero es la realidad política que tenemos”.
En tanto, Villacorta recordó que la Carta Magna se titula Constitución Política de Guatemala, y en eses sentido, “no deberíamos tenerle miedo a la política”.
Según el entrevistado, la Constitución estableció en 1985 a la CC, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral como entidades de control para fortalecer el estado de derecho, y actualmente, tanto estos órganos como los medios de comunicación, se han convertido en instituciones de contención de crisis social, económica y política.
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De igual forma, el analista consideró que “es clarísimo que a la CC le toca resolver asuntos jurídicos eminentemente políticos, y que está integrada por seres humanos, que en un momento dado tiene apreciación subjetiva de la ley. En ese sentido, el efecto de la interpretación legal siempre va a estar vigente aquí y en todo el mundo”.
“Las ciencias jurídicas no son ciencias exactas y están sujetas a diversas interpretaciones. Que eventualmente haya alguna presión política, eso pasa en las cortes de Estados Unidos y Europa y no nos debería de asustar”, resaltó el entrevistado.
Pérez Trabanino resaltó que se está viviendo una época complicada donde la política se judicializó y los jugados se politizaron.
“No es sano tener a un tribunal constitucional resolviendo las crisis políticas, pero en esta coyuntura en eso se convirtió la CC, ya que no solo dirime violaciones constitucionales, sino que juzga decisiones en procesos políticos”, manifestó el profesional del derecho.
“La Corte de Constitucionalidad se ha vuelto más un ente político que un ente jurídico”, afirmó.
Resoluciones
Algunas de las resoluciones que fueron analizadas durante el programa fue la que dejó en suspenso la expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), emitida en agosto del año pasado.
A criterio de Pérez, la declaratoria fue una decisión política del presidente y hubo decisión política de la CC en este tema.
“Ya se había advertido la posibilidad de que habría una declaratoria non grato, que habría un amparo y le revocarían al presidente esa decisión. Presidente tuvo que ser advertido de las consecuencias y sobre esa base plantear sus escenarios. Hay un error político cuando hace algo tan fuerte, pero no lo hace bien y evidentemente se le cayó”, dijo el abogado.
Mientras que Villacorta aseguró que era algo que se daría, pues la confrontación de parte del Gobierno hacia la CICIG era clara. Para él, esa decisión no solo devino de la cuestión personal a partir de la vinculación de su familia en supuestos actos de corrupción, sino que fue algo apuntalado por los equipos que llevaron a Morales a la Presidencia y que temen que puedan ser investigados por el Ministerio Público y la CICIG.
Asimismo, se refirieron al fallo que dejó en suspenso el nombramiento de Conrado Reyes como magistrado suplente de la CC, tras aceptarse un amparo presentado por la fundación Myrna Mack, en donde se indicaba que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debía hacer una convocatoria para abogados que optaran al puesto.
Pérez Trabanino explicó que la CC actuó con base a facultades discrecionales que no violan ninguna ley; sin embargo, en la percepción pública la posición que esta persona ha tenido ha sido bastante radical contra la CICIG, lo cual genera desconfianza en los sectores.
“Es una impugnación jurídica, pero con antecedentes políticos. El nombramiento no es prudente porque polariza mucho, pero en cuanto a la perspectiva legal no veo que pueda ser conocido y resuelto a través del amparo”, aseguró.
Por su parte, Molina Barreto expuso que la CSJ no debía hacer una convocatoria porque el nombramiento del magistrado suplente era para el mismo período, y ya existía un listado de aspirantes y de este debía salir el nuevo funcionario de justicia.
Y Villacorta consideró que el tema aquí es que la CSJ debe nombrar a un representante que llene todas las expectativas, que sea un “abogado o abogada intachable, con un récord perfecto, y no personas a quienes se les encontrarán tachas”. En ese sentido, resaltó la necesidad de que haya sintonía entre ambas cortes para que exista un verdadero estado de derecho en Guatemala.
“¿Por qué constantemente es están nombrando personas a las cuales se les va a encontrar tacha?, porque aquí lo que se está haciendo es precisamente tratando de insertar intereses particulares o corporativos en los órganos judiciales del Estado para beneficiar un statu quo que estuvo casado con la corrupción, le hace daño al país que haya nombramientos que se prestan a cuestionamientos”, aseguró.
