El primer semestre del año cerró con 18 asesinatos de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos.
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De los crímenes, 13 se cometieron en contra de personas que defendían los derechos a la tierra y el territorio, seis contra miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), otros tres contra los integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y dos contra periodistas.
El recuento de los hechos violentos los recopiló la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua), dijo la procuradora adjunta, Miriam Roquel.
El último asesinato y el único en contra de una mujer fue el de Juana Raymundo, una enfermera ixil, de 25 años. Su cuerpo, con señales de tortura, fue encontrado el 28 de julio a la orilla de un río entre la aldea Acambalam y Nebaj, Quiché.
Crímenes y discursos
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que la mayoría de los crímenes ocurrieron después de que los presidentes del Ejecutivo, Jimmy Morales, y del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, emitieron "discursos de odio".
Morales, durante su discurso del 2 de mayo a los vendedores del mercado La Terminal, criticó el acompañamiento que le da la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a Codeca, a quien señaló de tener "más de dos mil denuncias que no han sido investigadas".
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Un mes después, Codeca y otras organizaciones campesinas realizaron una manifestación en el Centro Histórico en la que pidieron justicia para los líderes asesinados. Ellos pedían hablar con Arzú Escobar, pero él se negó y escribió en su cuenta oficial de Twitter:
"Me pidieron (que) me reúna con (los) representantes de los manifestantes para negociar. Yo no negocio con delincuentes que agreden a las mujeres. Hago responsables al CUC, CONGCOOP y a ASP (Asamblea Social y Popular) de que las víctimas del volcán (de Fuego) no reciban la ayuda que hoy se aprobaría y que tanto se necesita".
Desde que empezaron los crímenes contra los dirigentes, la PDH y los líderes de las organizaciones sociales buscaron hablar sobre esto con Morales y con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; sin embargo, ninguno de los dos ha accedido a la petición.
Ataques en 2017
El año pasado se cometieron 328 ataques contra líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, según la Udefegua.
Por esos y los crímenes recientes, el procurador, Jordán Rodas, el diputado Leocadio Juracán y varios representantes sociales le pidieron a la Fiscalía esclarecer los asesinatos, los cuales, no se descarta, que puedan estar relacionados con las elecciones generales de 2019.
