El juicio por el caso "genocidio" llegó a su fase final. Este viernes 3 de agosto el Ministerio Público (MP) comenzó a emitir sus conclusiones del debate.
Se trata del segundo juicio que se realiza por la muerte de mil 771 indígenas de la etnia ixil, miembros de comunidades asentadas en el área conocida como Triángulo Ixil, en Quiché.
La fiscalía acusa al general José Mauricio Rodríguez Sánchez por delitos en contra de los deberes de la humanidad y genocidio. Al finalizar la intervención del órgano encargado de la persecución penal, el fiscal a cargo solicitará al Tribunal de Mayor Riesgo B una pena de prisión en contra del militar.
Durante el debate se describió cómo las fuerzas castrenses ejecutaron acciones contrainsurgentes que entre marzo de 1982 y agosto de 1983 vieron al referido grupo étnico como un enemigo interno.
En esa época Rodríguez Sánchez cumplía la función de jefe de Inteligencia Militar e integraba el alto mando castrense que dirigió el entonces jefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt.
La Fiscalía de Derechos Humanos también entabló cargos en contra de Ríos Montt, pero la persecución penal en su contra fue suspendida después del 1 de abril de 2018, fecha en la cual el militar falleció.
Se repite juicio por genocidio
Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fueron juzgados en 2013 por el Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por los jueces Yassmin Barrios, presidenta de la judicatura, y los vocales Patricia Bustamante y Pablo Xitumul –ahora presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C–.
El 10 de mayo de ese año los jueces dictaron sentencia en contra ambos militares y determinaron que Ríos Montt tuvo conocimiento de las acciones emprendidas por el Ejército en contra de civiles no combatientes, pues él era jefe de Estado de facto y se encontraba a la cabeza de las fuerzas castrenses.
De esa cuenta, el militar fue condenado a una pena de 50 años por genocidio y 30 años más por delitos contra los deberes de la humanidad.
Mientras que Rodríguez Sánchez fue declarado inocente por comprobarse que su posición dentro del Ejército no le daba mando, sino que su función era de asesoría técnica.
Sin embargo, 10 días después de que se dictó la sentencia, la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio y ordenó que se realizara uno nuevo, pues se habían cometido errores en el procedimiento. El fallo del tribunal constitucional se originó por acciones legales de Ríos Montt, quien ya estaba en la prisión ubicada en la base militar Matamoros, en la zona 1, y así recuperó su libertad.
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