La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una entidad que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuya función en el país consiste en colaborar con las investigaciones en contra de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como en la desarticulación de esos grupos, entre otras tareas contempladas en su mandato.
Fue en diciembre de 2006 cuando Guatemala y la ONU firmaron el acuerdo de creación de la CICIG, el cual cobró vigencia en agosto del año siguiente. Un mes después comenzó a operar la entidad.
En el boletín informativo que publicó la CICIG para junio de 2018 se destaca que esa organización ha presentado junto con el Ministerio Público (MP) más de 80 casos penales ante el Organismo Judicial (OJ).
Los casos que de manera reciente fueron presentados ante la justicia son “Industria Militar”, “Transurbano” y “Odebrecht”. Cada uno describe estructuras de corrupción en varias entidades públicas, las cuales se relacionan con la compra de bienes o servicios a empresas que habrían pagado sobornos para competir en el mercado guatemalteco.
Para Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la labor de la CICIG al mando de Iván Velásquez ha dejado “mejores resultados” que cuando estuvo al mando de Carlos Castresana y de Francisco Dall’Anese.
Polanco agregó que los cinco casos más destacados que ha presentado la CICIG son “La Línea”, contra una estructura de defraudación aduanera, “Amatitlán”, por la corrupción en la limpieza del lago de Amatitlán, y los últimos tres tienen relación con financiamiento electoral ilícito a favor del Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) así como el que se habría hecho al desaparecido Partido Patriota (PP) y el que destapó supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Municipalidad capitalina para inyectar recursos al Partido Unionista.
Resultados
Según el boletín de la CICIG, de esos casos penales se desprende que las investigaciones alcanzaron a más de 60 estructuras criminales dedicadas a cometer diversos delitos.
Además, más de 650 personas figuran como sospechosas y ya han sido presentadas ante los juzgados correspondientes, los cuales han decretado abrir procesos penales para profundizar en las investigaciones. De esa cifra, más del 60 por ciento de los sindicados permanece con medidas sustitutivas en la prisión, mientras que el resto fue enviado a la cárcel mientras concluían las pesquisas en su contra.
Durante los 11 años de funciones de la CICIG, más de 200 personas han sido declaradas culpables de los hechos que se les señala, y fueron condenadas por tribunales de sentencia penal del país.
Queda pendiente que 115 sospechosos sean ubicados y presentados al OJ para resolver su situación legal.
Se destaca como un logro la presentación de 34 reformas legales.
“La Línea”, el caso que mostró la corrupción gubernamental del Partido Patriota
Red se dedicaba a la defraudación aduanera, según las investigaciones.
- El caso fue descubierto el 16 de abril de 2015, con la captura de personas que supuestamente se encuentran en los mandos medios de la referida estructura, la cual operó en tres aduanas del país.
- El Ministerio Público acusa a 30 personas, que tendrían relación con los hechos que fueron investigados. Entre los procesados destacan Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicemandataria, respectivamente.
- Queda pendiente que en el Juzgado de Mayor Riesgo B se reciban los indicios que la Fiscalía, y que los querellantes y los defensores presenten en el debate como prueba de cargo y de descargo.
- El proceso ya fue enviado a juicio, pero quedó suspendido el pasado 16 de julio, cuando Baldetti accionó en contra del juez Miguel Ángel Gálvez para que deje de conocer el proceso en su contra.
- Se podría reactivar el caso en un plazo de aproximadamente nueve meses, tiempo en el cual se conocería y resolvería la acción legal que planteó la exvicepresidenta.
Caso “Cooptación del Estado” y la repartición de los negocios públicos
Se describe la existencia de una megaestructura criminal.
- Las pesquisas de la Fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala detallan que se habría formado una megaestructura delictiva que operó con la aceptación de funcionarios del desaparecido Partido Patriota.
- Las primeras capturas de personas vinculadas al caso se realizaron el 2 de junio de 2016. En ese momento ya se encontraban en prisión preventiva los exmandatarios. Además, había cambiado el mando del gobierno.
- En total, enfrentan a la justicia 66 personas que son acusadas por delitos de asociación ilícita, cohecho activo y cohecho pasivo y lavado de dinero. Nuevamente se coloca en la cabeza de la red a Pérez Molina y a Baldetti.
- Ya se entregó la acusación en contra de los procesados. Queda pendiente que se fije la audiencia en la que se discutirá si los sospechosos enfrentarán juicio ante un tribunal de sentencia penal.
- El expediente del caso, que está en el Juzgado de Mayor Riesgo B, se encuentra dividido en tres fases que son “TCQ”, “Cooptación” y “La cooperacha”.
“Transurbano”, la investigación contra el gabinete de gobierno de Álvaro Colom
Se habría utilizado al Estado para obtener beneficios de carácter personal.
- El expediente judicial detalla la supuesta concertación entre funcionarios de la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza y empresarios para que fuera aprobado un préstamo que permitiría modernizar el transporte público.
- Colom y varios exministros de su gabinete de gobierno fueron capturados por las fuerzas de seguridad el 13 de febrero de 2018. Queda pendiente que se ejecute la aprehensión de transportistas.
- En total, 12 personas enfrentan proceso penal. Figuran como señalados el exministro de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight, así como Gustavo Alejos, quien fue secretario privado de Colom.
- El órgano encargado de la persecución penal entregó la acusación del caso el pasado 10 de mayo. Queda pendiente que el Juzgado Undécimo de Instancia Penal programe la audiencia para determinar si los sospechosos enfrentarán juicio.
- Figura como denunciante el exvicepresidente Rafael Espada, quien señaló en el Ministerio Público a sus excompañeros por supuestamente haber cometido delitos.
“Quieren cansarla”
La activista Helen Mack asegura que el comienzo del trabajo de la CICIG en el país, el paso de Francisco Dall’Anese y la actual estrategia para quitarle los recursos son los momentos más difíciles que ha afrontado la entidad.
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, señala tres de los momentos más difíciles para la CICIG.
- ¿Cómo ha sido su trabajo en estos 11 años?
Las estadísticas que muestra son coherentes porque se ha enfocado en cumplir su mandato: Investigar el crimen, desarticular bandas delincuenciales y recomendar cambios.
Hablar de que se ha desarticulado a más de 60 estructuras es decir la verdad. No todo el trabajo de la CICIG se refleja en los procesos en los que está como querellante. Han tenido mucho desarrollo las investigaciones contra pandillas y extorsiones gracias a la labor de la CICIG.
- ¿Cómo califica el desempeño de los comisionados?
Cuando Carlos Castresana comenzó su labor, tuvo varias dificultades que afrontar, como el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de ese momento. Fue hasta que cambió la autoridad en el Organismo Judicial que se dio la primera modificación, con la creación de los juzgados y tribunales de alto impacto.
Para eso ya se había puesto en funcionamiento la Ley contra la Delincuencia Organizada, que proporcionó varias herramientas legales e hizo utilizar algunas ya existentes.
- ¿Cuál fue el desempeño de Dall’Anese?
Con él la Comisión sí perdió el tiempo. Él se dedicó a hacer otras cosas que tenían poca relación con el mandato de la CICIG y el trabajo para el cual había sido nombrado.
- ¿Existió un resurgimiento de la CICIG con Iván Velásquez?
Velásquez le dio una nueva cara a la CICIG. Él tenía experiencia en varias cosas y contribuyó para que aquí pudiera darse el desarrollo en el trabajo de investigación. Pero a la CICIG quieren cansarla.
Desde el principio la CICIG tuvo la oportunidad de trabajar con otras entidades nacionales del sector justicia, o no, y poco a poco fue ganando terreno en el país.