La red hospitalaria nacional atiende constantemente casos de privados de libertad que presentan diferentes quebrantes de salud, incluidos los que padecen enfermedades crónicas.
De acuerdo con Francisco Theissen, Coordinador General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), solo en cuatro de los centros asistenciales nacionales se reciben 150 pacientes en promedio al mes con enfermedades crónicas en su fase agudizada, provenientes de diferentes centros carcelarios.
Esta cifra se da tomando en cuenta los casos atendidos en los hospitales Roosevelt, General San Juan de Dios y los de Escuintla y Quetzaltenango. Algunos de los padecimientos que presentan son insuficiencia renal y cánceres en fases terminales.
Las declaraciones del médico se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde además se resaltó la importancia de que el Sistema Penitenciario (SP) cuente con infraestructura adecuada y las fichas clínicas de cada uno de los reclusos para permitir una mejor atención en salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas como las de larga duración y que por lo general tienen progresión lenta. Además, detalla que “las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes”.
Acerca de la atención en salud que reciben los privados de libertad también se refirió el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Fanuel García, quien explicó que esa entidad tiene un rol muy específico dentro del sector justicia, y es básicamente poner de conocimiento del juez y los abogados el estado específico de un paciente para que los jueces puedan tomar las decisiones que estén alrededor del tema.
El funcionario resaltó la necesidad de que cesen las prácticas burocráticas, pues pese a que el Sistema Penitenciario tiene la potestad de trasladar a un privado de libertad a un centro asistencial de ser necesario, principalmente en casos urgentes, casi se ha vuelto una constante que primero se solicite un dictamen del Inacif para posteriormente brindarle la atención que requiere la persona.
“Eso es inoperante. No necesitan un dictamen del Inacif para determinar que una persona tiene derecho a la salud. La institución debería intervenir solo donde hay discrepancia judicial entre las partes, en donde dicen que los sindicados podrían no estar enfermos”, expresó.
A criterio de García, el problema realmente se da en el SP, pues desde hace tiempo se ha señalado la necesidad de que los centros de privación de libertad tengan condiciones adecuadas. “Todos los seres humanos tienen derecho a tener condiciones dignas de vida, estén o no condenados”, refirió.
Otro punto del que habló García fue la prisión preventiva, que aseguró es una institución de última medida y debería ser considerada solo en casos extremos. “En Guatemala falta reflexión jurídica y judicial alrededor del tema. Existe una cultura de encierro y prisión preventiva generalizada que debe ser revisada”, manifestó.
En este contexto, los entrevistados coincidieron en que se debe reforzar la atención en salud para los privados de libertad y mejorar sus condiciones generales.
La red nacional no tiene capacidad para cubrir a todas las personas que están a cargo del Sistema Penitenciario, porque además atiende a la población en general, en ese sentido, es urgente que esa entidad construya una unidad hospitalaria propia para tener en condiciones adecuadas a sus pacientes, refirió Theissen.
Mientras que García indicó que no solo construir un hospital para reos es urgente, sino invertir en mejorar la situación general en las que se encuentran, porque muchas enfermedades que se están generando son producto de esas malas condiciones.
“Lamentablemente en el Sistema Penitenciario, el hacinamiento y el no acceso a servicios básicos dignos de la vida de una persona, van generando condiciones que desgastan la salud no solo física sino mental”, aseguró.
El tratamiento para Barquín
Uno de los casos recientes atendidos por el MSPAS es el del exdiputado Manuel Barquín, quien falleció ayer como resultado de la fibrosis pulmonar que padecía. Theissen detalló que este paciente tuvo varias reconsultas en el hospital Roosevelt, en donde se le brindó tratamiento.
En tanto, el director del Inacif dio a conocer que en el caso del exlegislador, la primera evaluación que le practicaron médicos de la entidad fue el 31 de marzo de 2017.
“Desde ese momento fue evaluado, tenía un marcapasos y problemas pulmonares, pero no estaba en punto de crisis. Las evaluaciones que se empezaron a hacer desde ese momento tienen diversos cuadros, las últimas reflejan que su estado de salud se había deteriorado y por parte del Inacif se recomendó que necesitaba un tratamiento hospitalario”, detalló.
Según García, debido a esos dictámenes Barquín estuvo los últimos meses en tratamiento en los hospitales nacionales.
El Inacif practicó anoche una autopsia al cadáver del exdiputado, luego de que la solicitaran sus familiares. Los resultados son coherentes con todo el cuadro clínico que se monitoreó en el hospital, que incluía una sepsis general provocada por la enfermedad de fibrosis pulmonar que padecía, detalló García.
Theissen manifestó que Barquín también tenía otras enfermedades, como problemas cardiacos, lo que afectaba aún más el fallo respiratorio, situación que lo fue deteriorando durante estos años.
“El paciente tenía un proceso bastante grave, agudizado, con deterioro constante que no era del momento, mes con mes venía deteriorándose por la fibrosis y el problema cardiaco. Pulmonarmente su saturación de oxígeno era deficiente”, dijo sobre la salud de esta persona.
Según el médico, se le dio el tratamiento adecuado y tomando en cuenta las condiciones en las que se encontraba, en su caso el pronóstico siempre fue reservado.