San José La Arada, en Chiquimula, y San Pedro Jocopilas, en Quiché, están separados por más de 350 kilómetros de distancia; sin embargo, lo que los une es la característica de negar información pública.
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Doña Josefina, una lideresa de San José La Arada, quiso averiguar por qué los maestros faltaban tanto a la escuela de su comunidad, a la cual acceden sus hijos. Pero en lugar de recibir una explicación de las autoridades, lo que encontró fue una actitud prepotente y a la defensiva de facilitar la información.
Sus hijos han sido discriminados por sus maestros y la directora del plantel.
Después de que doña Josefina pidió la información, la directora de la escuela llegó a su casa y le preguntó: ¿Cuál es el problema? Si no le parece lo que ocurre en este centro educativo, entonces cambie a sus hijos a un establecimiento privado”, contó Marvin Pol, coordinador del proyecto “Las mujeres y el derecho de acceso a la información” de la organización Acción Ciudadana y el Centro Carter.
Otro caso
En San Pedro Jocopilas, en Quiché, doña Consuelo pidió información sobre el trabajo de supervisión y monitoreo que hace la Coordinación Técnica Administrativa de ese municipio.
Al igual que la lideresa de Chiquimula, recibió amenazas y sus hijos recibieron menos refacción escolar como una represalia por ejercer su derecho de información pública.
Un derecho
- El acceso a la información es un derecho humano que busca transparentar la función pública y aumentar la participación ciudadana, por eso desde el 2014, Acción Ciudadana y el Centro Carter han implementando actividades para promover ese ejercicio en las mujeres.
La frase
¿Esa información para qué la quiere? ¿Por qué se pone roja? Yo se la doy pero no sé si la vaya a entender”, le dijo la directora de la escuela de San José La Arada, en Chiquimula, a doña Josefina.
