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Autoridades de las entidades que integran el sector de justicia dialogaron ayer para desarrollar mecanismos con los cuales se regule el uso de la prisión preventiva.
La magistrada Delia Dávila, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que del total de delitos que contempla el Código Penal existen solo 29 tipos penales por los cuales ningún juez puede dictar una medida sustitutiva.
“Son 22 mil casos que hay registrados de personas que están privadas de libertad por estos delitos”, detalló Dávila.
Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), destacó que la entidad da asistencia a seis mil 358 personas que permanecen en prisión preventiva y destacó su preocupación por la cifra.
“Cada dos minutos, de las 8 a las 15:30 horas, ingresa un caso”, afirmó Arévalo.
Propuesta
Dávila indicó que se debe analizar una reforma a diferentes normas legales.
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“En la Corte se está discutiendo una iniciativa de ley, un proyecto, para la tramitación de casos complejos, porque son diferentes a los casos con un sindicado”, dijo.
Medidas para mejorar el servicio
La fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, explicó que la reunión que se sostuvo ayer no tiene relación con la muerte de procesados en casos de corrupción que permanecían en prisión preventiva, sino a una serie de diálogos que se han entablado desde septiembre de 2017 con el fin de mejorar el sistema de justicia del país.
El caso más reciente fue el del exdiputado Manuel Barquín, quien falleció en el Hospital Roosevelt. Estaba vinculado al caso “Lavado y política” y pidió que se le concediera arresto domiciliario.
