La exdiputada Mirza Arreaga fue beneficada con la clausura provisional del proceso penal que se sigue en su contra.
El juez tercero penal Mynor Moto determinó archivar de forma temporal el expediente en el cual el Ministerio Público (MP) hace señalamientos en contra de la excongresista por tráfico de influencias.
En su resolución Moto señaló que considera que no existen indicios que le hagan creer que existe certeza de que la exparlamentaria pudo incurrir en el delito que se le señala.
Agregó que el MP tendrá un plazo para fortalecer la investigación y solicitar nuevamente que Arreaga vaya a debate oral y público ante un tribunal de sentencia.
Señalamientos contra exdiputada
Arreaga y el también exdiputado Luis Chávez fueron grabados en video por el exviceministro de Desarrollo Social, Edgar Rodríguez, durante una reunión que sostuvieron en un restaurante.
El video documentó cómo ambos excongresitas pidieron al exfuncionario que les otorgara plazas en el Fondo de Desarrollo Social, las cuales serían ocupadas por personas que colaboraron en la campaña que el ahora desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Lider) desarrolló en 2015.
A cambio de los puestos laborales, los exdiputados se comprometieron con Rodríguez para convencer a sus compañeros en el Congreso de no citar al exviceministro a una interpelación.
Otros exdiputados
Chávez fue condenado a una pena de tres años de prisión por tráfico de influencias.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo Penal, en donde el excongresista aceptó su responsabilidad y pidió un procedimiento abreviado.
Arreaga y Chávez figuran en el mismo expediente. Él colaboró con el MP y aceptó su culpa, lo cual le produjo disminuir el tiempo de trámite del proceso en su contra, mientras que ella decidió continuar con un proceso común.
Además, el Juzgado Sexto Penal condenó al también exdiputado Mario Yánez por tráfico de influencias. Se le impuso una pena de tres años de cárcel.
Yánez también pidió plazas a Rodríguez.
Las penas de Chávez y Yánez fueron suspendidas en su ejecución por cinco años. En ambos casos se indicó a los excongresistas que no podían ser vinculados ni condenados por otros procesos durante el tiempo que se les señaló, pues de lo contrario se reactivarían las sentencias que les fueron impuestas.
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