A los 13 ministros de Estado no les importó que cientos de guatemaltecos no fueran atendidos en los hospitales Roosevelt y de Jutiapa por el cierre de las consultas externas.
Tampoco les interesó coordinar las acciones para atender a más de un millón de personas que han sido afectadas por la canícula prolongada; ni saber cuál ha sido el avance en las investigaciones por los crímenes contra ocho defensores de los derechos humanos.
El interés del gobierno quedó en evidencia cuando los ministros y algunos secretarios de Estado suspendieron la reunión semanal de gabinete para apoyar a la canciller, Sandra Jovel, a una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) donde calificó de “injerencia e intromisión” el actuar del embajador de Suecia, Anders Kompass.
La polémica
En enero de 2018 Kompass, en representación del gobierno de Suecia, le entregó un aporte de US$9 millones a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En esa oportunidad el diplomático llamó “corrupta a la sociedad guatemalteca” y ese tipo de comentarios no son propios de un embajador, aseguró Jovel.
Por esa razón, el gobierno pidió la remoción de Kompass, pero la Fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo accionaron en la CC y lograron frenar su salida.
En seguimiento al tema, se realizó la vista pública en donde la defensa de Jovel y del vicecanciller Pablo García, así como el procurador general, Jorge Luis Donado, expusieron que el presidente, Jimmy Morales, es quien dirige la política exterior y tiene competencia para pedir el cambio del embajador.
¿Justicia divina?
“Invocando el nombre de Dios”, el defensor de Jovel, Luis Antonio Lam, le pidió a los magistrados de la CC que apliquen la ley y que hagan “justicia en el caso de Kompass. De lo contrario, esta llegará en esta vida, o en la otra”.
Durante su exposición, Lam aseguró que si Suecia no quería cambiar a su diplomático debió hacer su reclamo a nivel internacional, pero no lo hizo y en su lugar accionó Carrillo y la Fundación Myrna Mack, los cuales, a su criterio, no tienen “representación legal” en ese país.
Por su parte, Carrillo expuso que el presidente Morales y la ministra Jovel tienen límites en sus funciones los cuales están establecidos en la Constitución.
Recordó que la función del Estado es el bien común y el bienestar de los guatemaltecos y sería peligroso que los funcionarios no tuvieran límites en Guatemala, “un país con niveles de corrupción que hacen llorar”.