Desde que se empezaron a presentar casos de corrupción en los que están involucrados diferentes profesionales, la medida de prisión preventiva ha sido abordada por funcionarios de los organismos del Estado.
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Aunque la mayoría de señalamientos en contra de la decisión que toman los jueces proviene de familiares y amigos de personas involucradas en procesos penales, se buscaron opiniones de abogados sobre el tema porque responsabilizan al Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de que los señalados estén en centros de detención.
El secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Julio Cordón, explicó que parte de que la prisión preventiva sea mayor se debe a la carga laboral en el sistema penal y eso se debe a la falta de recursos en el Organismo Judicial.
Otro de los cuestionamientos que hacen los abogados es que no se respetan los derechos humanos de los sindicados por los plazos para realizarse las audiencias.
“Si la justicia es tardía, no es justicia, y aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado un plazo razonable para los procesos, eso depende de las vicisitudes, aristas y complejidades del proceso”, agregó Cordón.
Por ejemplo, el secretario indicó que no es lo mismo procesar a alguien por un delito menos grave, que a una estructura con hasta 20 integrantes con delitos de alto impacto.
Abuso de los amparos
Mientras que para Ronald Arango, presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, estar más tiempo en la prisión preventiva se debe a que los acusados abusan de los recursos que están permitidos en la ley, ya que alargan su estadía, y en algunos procesos, el MP no se ha presentado a las audiencias, como ha sucedido en el caso en el que está involucrado el coronel Juan Chiroy por haber disparado contra pobladores de la cumbre de Alaska.
A la vez, consideró que a veces los jueces tienen miedo a los procesos que se vuelven mediáticos, por lo que instó a que sean profesionales críticos y usar la prisión preventiva como el último recurso.
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Casos lentos por amparo
"La Línea"
Fue descubierto el 16 de abril de 2015. Desde esa fecha varios de los implicados han interpuesto distintos amparos que han frenado el proceso. El último fue de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien pidió separar al juez Gálvez; sin embargo, una Sala rechazó la acción.
"IGSS-Pisa"
Este caso sobre la contratación de la Droguería Pisa para dar tratamiento a los enfermos renales afiliados al IGSS ha avanzado lentamente, debido a que la defensa de los procesados ha interpuesto acciones legales.
"Migración"
Otro ejemplo de que las acciones legales han retrasado los procesos y los sindicados se mantienen en prisión preventiva es el de “Migración”. Entre los señalados está el ciudadano ruso Igor Bitkov.
