El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó una acción de inconstitucionalidad contra 11 artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y contra cuatro del Reglamento de la Unidad especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.
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El argumento es que estos “representan una amenaza a la libertad de empresa, de contratación, de industria y de la seguridad jurídica; de esa forma se sienta un precedente negativo para el país, que podría ampliarse a otros ámbitos que no sean de materia electoral”, se informó en un comunicado de prensa.
En el caso del artículo 219, preocupa que se delegue al TSE determinar los actos que sean constitutivos de delito, pues la Constitución contempla la exclusividad del Organismo Judicial para juzgar asuntos de materia ordinaria al igual que la garantía constitucional de amparo.
Las reformas a los artículos 220 y 222 se viola la libertad de acción al obligar a los medios de comunicación a aceptar una “tarifa política”, fijada a discreción por el Congreso de la República. En este sentido, el Legislativo faculta de forma ilegal al TSE para tener un control e injerencia absoluta en el funcionamiento las empresas de publicidad y comunicación", se añade en el comunicado.
Finalmente, la entidad indica que "es necesario que el proceso electoral se lleve a cabo con reglas claras y con respeto a los derechos fundamentales de todos los actores sociales".
