Para confirmar su solicitud, su defensa presentó un informe psicológico forense que refiere que tres de los niños tienen “problemas de ansiedad y depresión” y requieren de la atención de alguno de sus padres.
Fernando Siliezar le dijo a Aifán que él no tenía problema de quedarse en la prisión si su pareja, la exdiputada, era beneficiada con una medida sustitutiva porque aseguró que los menores de edad “necesitan a su mamá”.
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan a Mazariegos del delito de asociación ilícita y lavado de dinero en el caso “Fraude a Chicamán”.
Vendedora informal
Antes de que Mazariegos y su madre, Ana Patricia Mazariegos Sánchez, fueran capturadas y encarceladas, ambas se dedicaban a administrar los negocios de “venta informal”, dijo su defensa.
Los puestos ubicados en algunos mercados y en las afueras del Hospital Roosevelt les generaron ganancias que sobrepasaron Q1 millón, según argumentó ante la jueza Aifán.
Mazariegos también recibía una pensión alimenticia de Q10 mil del papá de sus primeros hijos.
Con ese argumento, la defensa de la exdiputada y amiga de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, trató de aclarar que su clienta no es culpable del delito de lavado de dinero como la señalan.
“No conocía Chicamán”
En Chicamán, Quiché, fue el lugar donde la exdiputada, su madre, su pareja y otras 13 personas vieron un negocio.
La Fiscalía y la CICIG presentó una investigación que refiere que la Municipalidad de Chicamán pagó alrededor de Q14 millones para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos.
La pesquisa reveló que los fondos municipales fueron destinados para beneficio de los integrantes de la estructura criminal; sin embargo, Mazariegos aseguró a la jueza Aifán que ella “nunca conoció” ese lugar.
“No conozco Chicamán. Nunca le he robado a nadie”, dijo.