El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a los antejuicios presentados por la Fiscalía de Delitos Electorales contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro por supuesto financiamiento electoral ilícito.
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El mandatario y la congresista son señalados en su calidad de secretarios generales de los partidos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Encuentro por Guatemala, respectivamente, por aparentes irregularidades durante la campaña electoral de 2015.
Las solicitudes de antejuicio fueron promovidas el pasado 10 de agosto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y conocidas este miércoles por el pleno de la CSJ.
El expediente relacionado con el mandatario deberá ser enviado al Congreso de la República para que se integre una comisión pesquisidora que se encargará de llevar a cabo las diligencias y emitir un informe con relación a si considera prudente o no que se le retire la inmunidad.
En tanto, corresponde asignar un juez pesquisidor para que conozca el caso de la legisladora y posteriormente emita un informe en el que recomiende si se le debe despojar o no del derecho de antejuicio.
Señalamientos
Según investigaciones del MP y la CICIG, el partido FCN-Nación no habría reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la aportación de recursos que ascienden a por lo menos Q7.5 millones, los cuales habrían sido utilizados para el pago de los fiscales electorales para la primera y segunda vuelta de los comicios en 2015 y para la impresión de material electoral.
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El día en que se interpuso la solicitud de antejuicio en su contra, Morales se pronunció indicando que confía “en un procedimiento enmarcado en derecho y ajeno a intereses políticos”.
En el caso de Encuentro por Guatemala, las pesquisas determinaron que la organización incumplió con presentar en tiempo al órgano electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña y no se pudo fiscalizar la procedencia de Q1.7 millones.
El partido aseguró que por un error administrativo se busca quitarle la inmunidad a su secretaria general y que cuenta con documentos del Tribunal Supremo Electoral relacionados con las auditorias que se le han realizado.
