Una singular consulta que pretendía endurecer el castigo a la corrupción política en Colombia se hundió por estrecho margen en las votaciones de este domingo, según un primer conteo de la autoridad electoral.
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La propuesta, que apuntaba a convertirse en un voto castigo contra la clase dirigente y las empresas corruptas que contratan con el Estado, no alcanzó los poco más de 12,1 millones de apoyos que requería para convertirse en mandato.
Compuesta por siete iniciativas, la consulta anticorrupción recibió 11.666.234 votos, es decir que le faltó menos de 480.000 para cruzar el umbral impuesto por ley, que equivale a la tercera parte del censo electoral, según el conteo rápido de la Registraduría Nacional, responsable del escrutinio.
El cálculo corresponde al 99,87% de los votos depositados en esta jornada, en la que por primera vez los colombianos se pronunciaron a nivel nacional a través de este mecanismo de participación popular incluido en la Constitución vigente desde 1991.
Tras conocer los resultados -que aún deben ser promulgados por la autoridad electoral-, los promotores del proyecto dijeron que tramitarán las iniciativas por la vía parlamentaria, pese a la histórica renuencia del Congreso a legislar de forma severa contra estas prácticas.
"Nos faltaron cinco centavos, pero el cambio es imparable y aquí hubo una zarandeada a esa clase política tradicional. La ciudadanía ya nos les camina, no come entero y quiere un cambio genuino en las prácticas políticas y en la corrupción", declaró a la prensa la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde.
Aunque superó los diez millones de votos que recibió en junio el hoy presidente Iván Duque – favorable a la propuesta anticorrupción -, la consulta volvió a chocar con la abstención histórica en Colombia y se suma al fracaso de los promotores del Sí en el plebiscito por los acuerdos de paz en 2016.
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En esa oportunidad, los colombianos rechazaron por una exigua mayoría los pactos negociados por el entonces gobierno con la guerrilla FARC para acabar con medio siglo de conflicto, lo que obligó a hacer ajustes para sacar adelante el desarme de los rebeldes y su transformación en partido el año pasado.
"Mandato" al Congreso
Pese a no alcanzar el umbral, una cantidad importante de colombianos se movilizaron para pronunciarse contra la corrupción, cuando aún resuenan los ecos del esquema de sobornos que montó la constructora brasileña Odebrecht en Latinoamérica.
La consulta promovida por la exsenadora y dirigente del opositor Partido Verde Claudia López, pareja de Lozano, contenía mandatos que iban desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel y el embargo de bienes a condenados.
Además, planteaba restringir el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio.
Aunque estaba enfocada principalmente en el castigo a funcionarios públicos, la iniciativa también pretendía transparentar la contratación con el Estado y prohibir tratos con empresas condenadas por sobornos u otras prácticas corruptas.
Según los cálculos "más conservadores", Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo con un estudio de la Universidad Externado.
"Esta votación es la victoria contundente de la ciudadanía libre. Le da un mandato claro y contundente al gobierno y al Congreso", sostuvo López frente a seguidores de la consulta en Bogotá.
Si bien el presidente Duque apoyó la consulta, su partido, el Centro Democrático, había expresado reservas y optado por promover su propia batería de proyectos anticorrupción en el Congreso.
El jefe del oficialismo, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), reiteró en Twiter su "apoyo a aprobación acelerada" de propuestas del gobierno como "congelación de salario" de congresistas" y "períodos limitados de elección" para los legisladores.
