El diputado Felipe Alejos viajó a Washington, Estados Unidos, en donde presentó este miércoles una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestas violaciones a sus derechos humanos en Guatemala.
PUBLICIDAD
Alejos señaló a la exfiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, de politizar la justicia y violar derechos humanos.
“No solo lo hago en el nombre mío, sino en nombre de todos los guatemaltecos, porque queremos que en nuestro país haya una justicia que sea independiente, que no sea selectiva y no sea manipulada”, expresó el legislador.
Para presentar la acción en la CIDH lo acompañó su abogado Jorge Caal, quien explicó que se busca que se respeten las garantías relacionadas al tema de derechos humanos y que esa entidad emita una serie de recomendaciones que respalden el debido proceso y presunción de inocencia.
Señalamientos
Alejos criticó la gestión de Aldana y Velásquez, y los señaló de “montar” casos con testigos y pruebas falsas para “eliminar a sus rivales políticos”, ya que según él, la exfiscal busca llegar a la presidencia siendo candidata por un partido de “extrema izquierda”.
“Ellos han tomado la decisión de hacer todo lo posible por que ella sea la única candidata a la presidencia, algo que es muy negativo para la democracia de nuestro país. De hecho han montado un caso en mi contra”, expresó durante una entrevista con un medio local.
“Yo soy el secretario general del segundo partido más grande de Guatemala, que es Todos, con claras intenciones de poder ganar la Presidencia. Estamos compitiendo contra el partido político de ella”, añadió el diputado.
Finalmente, resaltó que ambos han politizado el MP para ese mismo objetivo.
PUBLICIDAD
Antejuicio
En enero de este año el MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra Alejos por su presunta vinculación en el caso conocido como “Traficantes de Influencias” y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite en abril.
El diputado estaría vinculado con una supuesta estructura delictiva dedicada a hacer cobros ilegales a cambio de acelerar los procesos de devolución del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La Fiscalía consideró que podría haber incurrido en el delito de cohecho activo, ya que supuestamente participaba en el trámite de los expedientes y recibía un porcentaje de las comisiones ilícitas.
