La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) ratificó este miércoles la denuncia en contra de la diputada Nineth Montenegro, como parte del proceso de antejuicio promovido por supuesto financiamiento electoral ilícito.
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La legisladora es señalada en su calidad de secretaria general del partido Encuentro por Guatemala, ya que aparentemente esa agrupación habría recibido fondos para la campaña de 2015, sin reportarlos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron la solicitud de antejuicio en su contra el pasado 10 de agosto, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite el 22 de agosto.
Irregularidades
El fiscal Rafael Curruchiche se presentó hoy a la Sala Tercera de Apelaciones para exponer sus argumentos ante la jueza pesquisidora Zonia de la Paz Santizo.
“La Fiscalía ratifica lo que se indicó en su momento en las diligencias de antejuicio, de que hay Q1 millón 784 mil de los cuales se desconoce su origen, toda vez de que existen acotaciones de que realizaron personas, quienes serán objeto de investigación”, explicó.
Según detalló, no se logró determinar el verdadero origen de ciertos aportes y no existen las declaraciones correspondientes. Esto conllevó a que la auditoría electoral del TSE determinara siete hallazgos, que van en el sentido de que se obstaculizó la labor de esa entidad para fiscalizar las finanzas de la organización partidaria.
Por ello, el MP también sostiene el criterio de que, derivado de la denuncia que presentó el Tribunal ante la Fiscalía, sí existen ilícitos que investigar y por lo tanto el planteamiento es que se solicita que se le retire la inmunidad a la diputada, a efecto de que se le dé vía libre a la Fiscalía para investigar.
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Errores administrativos
Encuentro por Guatemala señaló recientemente en una conferencia de prensa que por un error administrativo se busca quitarle la inmunidad a su secretaria general.
Nineth Montenegro, junto a los diputados Leonel Lira y Dorian Taracena, presentaron en esa ocasión los informes sobre financiamiento electoral en 2011 y 2015, con los cuales aseguraron no haber recibido financiamiento anónimo ni cometer ningún ilícito.
