Expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) coincidieron que los efectos negativos de suspender en definitiva el acceso a la información bancaria puede ser una reducción en la calificación de riesgo país.
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A la vez, los profesionales comentaron que también eso puede alejar las inversiones y que el financiamiento para el sector público y privado sea más costoso.
El titular de la Superintendencia de Bancos, Alejandro Arévalo, explicó que al dejar sin efecto dicha legislación el país tendrá un retroceso en los compromisos que se han adquirido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el Foro Global.
“No quisiéramos que el país retrocediera a 2009 y estuviera en una lista de país no cooperante. Además, afectaría en la evaluación para el combate contra el lavado de dinero”, agregó Arévalo.
Medidas de transparencia
Alberto Barreix, del BID, señaló que después de la recesión financiera se adaptaron medidas de transparencia, por lo que se eliminaron las acciones al portador y el intercambio de información pretende combatir el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.
Asimismo, comentó que es parte de la bancarización y evita que haya doble tributación por el intercambio comercial que tienen los países con los tratados y acuerdos comerciales.
Mientras que el asesor del BM, Armando Lara Yaffar, indicó que el intercambio de esa información es para que todos los países tengan la misma línea de fiscalización y las mismas sanciones, pero con la decisión provisional se pone en riesgo al país de que sea una de las 122 naciones que no estén sujetas a la revisión de información bancaria.
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“Se puede calificar como paraíso fiscal”, María Concepción Carrera, asesora del Fondo Monetario Internacional
Entre los riesgos de que se quite la facultad de revisar información bancaria está que el país pierda la calificación del Foro Global de Transparencia, así como tendrá repercusiones en la solicitud que hizo el presidente para ingresar a la OCDE, donde puede solicitar recursos, soporte y cooperación. Por aparte, la Unión Europea elabora un listado de paraísos fiscales.
