El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, se refirió a la suspensión de la normativa que permitía a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) solicitar el levantamiento del secreto bancario y aseguró que esta situación afecta la credibilidad del país.
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Sus declaraciones se dieron en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde se analizó el tema, en seguimiento a las declaraciones de expertos nacionales e internacionales vertidas ayer en un foro, en donde destacaron que Guatemala correría el riesgo de ser calificado como paraíso fiscal.
“Lo más importante que estamos protegiendo es el esfuerzo grande de transparencia que hizo el país, cuando en julio 2016 se aprobaron reformas a la Ley de Bancos y al Código Tributario. Habíamos logrado salir de lista de países no cooperantes”, expresó el funcionario.
Asimismo, explicó que en la ley de modernización de la SAT se incluyó establecer un proceso para tener acceso a la información bancaria.
“En Guatemala el procedimiento era garantista para el contribuyente”, pues se hacía por medio de un juez. Se le notificaba al juez y se le decía que había alguna información que se quería corroborar, entonces si lo consideraba prudente el juez autorizaba y pedía a los bancos que brindaran la información, dijo.
Añadió que esa información pasaba a formar parte de un expediente y con las auditorías que hace la SAT se determinaba si había obligaciones tributarias irregulares o signos de defraudación para poder darle seguimiento.
Para Estrada el haber aprobado esta normativa fue un tema importante de evolución como país hacia la transparencia; sin embargo, el dejarla suspendida posteriormente podría hacer ver que en realidad no se pretendía hacer los cambios.
Y la información es una herramienta base para actuar en la lucha contra la evasión tributaria, defraudación, corrupción, entre otros flagelos. “Lucha contra corrupción en buena parte es gestión de la información”, resaltó.
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Desde que se aprobó la normativa, la autoridad tributaria había hecho 130 requerimientos de información para establecer inconsistencias en declaraciones tributarias de contribuyentes, señaló el entrevistado. “El objetivo es que la evasión informal grande sea controlada”, resaltó.
“Los mecanismos de evasión con una SAT que no tiene información y no comparte datos con sus pares internacionales son mucho más fácil de realizarse”, aseguró Estrada.
El funcionario destacó que la reforma del 2016 y los acuerdos multilaterales de intercambio de información ratificados en 2017 son grandes logros del país vistos desde afuera, en su esfuerzo en la lucha por la transparencia y por la mejora institucional y fortalecimiento institucional.
“Estábamos atrasadísimos y luego de que lo logramos hacer y estábamos en la lista de los países colaboradores, retroceder ahora sería una pérdida de credibilidad impresionante, si se declara en definitiva la suspensión del artículo”, manifestó Estrada.
“Este es un esfuerzo de transparencia. No retrocedamos en estas reformas que generan capacidades de funcionar del Estado de Guatemala. Son temas institucionales donde el retroceso puede ser de décadas”, agregó.
Acerca de la Gerencia de Investigación Fiscal
Diferentes posturas se han dado con relación al funcionamiento de la Gerencia de Investigación Fiscal dentro de la SAT, incluso se plantearon acciones legales contra esta. Uno de los que señaló posibles irregularidades fue el diputado Juan Ramón Lau, del partido Todos.
El legislador dijo hoy en el programa A Primera Hora que presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) relacionada con este tema porque, a través de la investigación que su bancada hizo, se observó que la oficina aparentemente entró a funcionar de manera anómala.
Lau señaló irregularidades no en la creación, sino en cómo fue implementada, porque según él, nunca fue publicada en el diario oficial, como la ley lo establece.
“Al no haberse hecho esto de la manera que ordena la ley consideramos que hubo algunas anomalías”, destacó.
Asimismo, aclaró que no está en contra de la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero que busca que las cosas se hagan bien.
Ante ello, el ministro de Finanzas señaló que esta unidad es una gerencia de gestión de riesgo y de cruces de información, en donde se analizan los datos para poder establecer posibles gestiones irregulares y se les da seguimiento.
“Tras analizar la información cruzada se solicitan auditorías mucho más focalizadas en cuanto a ciertas inconsistencias”, destacó.
Como ejemplo citó los casos de personas que importan en grandes cantidades, pero no factura proporcionalmente.
