La Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam) emitió un comunicado oficial que inicia aclarando que son una institución "cuya prioridad es el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres".
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Con esta publicación, la entidad indica que existe una preocupación por los cambios legales que se proponen en la Iniciativa de ley 5272, la cual pretende restringir el trabajo de los profesionales de la salud y crea más obstáculos para que las mujeres que más lo necesitan reciban servicios de salud.
En el Artículo 10 de la Iniciativa 5272, se criminaliza a las mujeres que tienen una pérdida o aborto espontáneo, forzando a las mujeres a demostrar ante un juez que no fue negligencia. Sin embargo, estudios médicos indican que entre el 10% y el 15% de los embarazos terminan en abortos espontáneos, por lo que este artículo genera una carga de trabajo adicional innecesaria, tanto para el sistema de salud como para el judicial, ante eventos que ocurren de manera frecuente y muchas veces por causas desconocidas; por lo que se coloca al personal de salud en la lamentable tarea de cuestionar a las mujeres en vez de cumplir con su función primordial de proteger la vida y la salud de éstas", dice parte de la publicación.
Asimismo, hacen mención del Artículo 12 de la misma iniciativa, el cual impide la libertad de expresión y penaliza a las personas que hablan del aborto en público o privado. Obstaculiza la labor de los médicos para atender un problema grave de salud pública, en vista de que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna.
Por último, y por parte de la Junta Directiva de Aprofam, quienes se atribuyen la publicación, indican que "la opinión del Dr. Víctor López frente al Congreso de la República no refleja los valores y principios rectores de Aprofam".
Entendemos que existe la necesidad de una discusión técnica y científica amplia sobre el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo en caso de violación, por lo que esperamos que los legisladores tomen en cuenta los graves efectos de esta iniciativa y actúen de acuerdo con los mejores intereses de protección a la vida y al derecho a la salud de las mujeres y adolescentes de Guatemala", finaliza el documento.
