La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva que las operaciones de la Minera San Rafael, ubicada en San Rafael las Flores, en Santa Rosa, continúen luego de que el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, realice una consulta a las comunidades xincas.
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La resolución llegó luego de que un grupo de pobladores de Jalapa y de Santa Rosa pernoctaran por varias semanas afuera de la CC, y tras la publicación de una serie de campos pagados por la minera y la Cámara de la Industria.
“La Minera San Rafael puede seguir funcionando con la condición de que se efectúe la consulta inmediatamente. Esa orden lleva los apercibimientos legales y el que debe efectuar la consulta es el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM)”, dijo el magistrado Boanerge Mejía.
El fallo constitucional se demoró, según la Minera más de 411 días, porque la CC hizo un estudio “hoja por hoja del caso para tomar la mejor decisión conforme a la Constitución, leyes, tratados y convenios internacionales que ha ratificado el Estado de Guatemala”, agregó Mejía.
Reconocimiento xinca
El 22 de junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la Minera San Rafael.
Las autorizaciones fueron en El Escobal, en 2013, y Juan Bosco, en 2012.
Entre los argumentos está que la Minera “discriminó y no consultó” a las comunidades xincas de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa sobre la instalación de los proyectos mineros.
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Esperan notificación
Tras la resolución de la CC, Moisés Divas, del Parlamento Xinca, dijo que esperan recibir la resolución porque, hasta ayer, lo único que sabían era que las operaciones de la empresa continuaban suspendidas.
Se intentó contactar a Andrés Dávila, gerente de comunicaciones de la Minera San Rafael, pero al cierre de la edición no fue posible.
Conferencia de prensa
Antecedentes
La empresa minera ha indicado que debido a la suspensión de actividades desde julio de 2017 y por la “falta de certeza jurídica”, se ha visto obligada a tomar la decisión de retirar a los trabajadores.
En enero de este año se informó que fueron despedidas 250 personas, que significaban el 25 por ciento de su fuerza laboral.
Diferentes movilizaciones se han dado en el país en el marco de este caso, algunas de parte de extrabajadores que piden a las autoridades resolver pronto para que puedan regresar a la compañía y percibir ingresos económicos.
En tanto, pobladores de las áreas cercanas a donde opera la minera se han pronunciado a favor de que se suspendan definitivamente las actividades.
