El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo en rueda de prensa que dirigentes sociales, académicos, campesinos, mujeres y universidades están uniendo fuerzas para que prevalezca la institucionalidad.
El martes, Morales prohibió el ingreso al país del colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al considerar que es una amenaza a la seguridad pública local.
La orden llegó cuatro días después de anunciar que no renovará el mandato de esa misión de la ONU, cuyo mandato vence en setiembre de 2019.
No obstante, el Secretario General de la ONU, António Guterres, indicó que Velásquez seguirá al frente de la Cicig desde el exterior.
Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, estaba en la mira del gobierno desde hace un año cuando pidió junto a la Fiscalía levantar los fueros a Morales para investigarlo por presunto financiamiento ilícito en la campaña electoral de 2015.
Recientemente, la Cicig y la Fiscalía pidieron otra vez despojar a Morales de su inmunidad.
Amenaza al orden constitucional
Para Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la estatal Universidad de San Carlos (Usac), las decisiones de Morales "son una amenaza y un riesgo para la población porque se podría atentar con el orden constitucional".
La dirigente estudiantil afirma que el mandatario quiere fuera a la Cicig como "una protección porque no quiere ser investigado" penalmente.
A su vez, el Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC) instó en un comunicado al gobernante a retractarse y "abstenerse de romper el orden constitucional y el estado de Derecho".
Así mismo, lanzaron un recordatorio a las fuerzas de seguridad de que deben lealtad a la Constitución.
Las organizaciones definirán proximamente si realizan movilizaciones, un paro o cierre de carreteras para expresar el rechazo a la medida de Morales.
En tanto, el grupo de países, agencias y organismos cooperantes conocido como G13, expresó su preocupación por las decisiones del mandatario, las cuales califica como "un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones en su lucha contra la corrupción e impunidad".
El grupo, una instancia de coordinación internacional y multilateral, está integrado por quienes más destinan fondos de cooperación a Guatemala, entre ellos Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, el Reino Unido, Noruega, los Países Bajos y organismos como la Unión Europea (UE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En tanto, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), estimó que las recientes acciones de Morales representan una grave amenaza para la democracia y el Estado de derecho de este país.
Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana en WOLA, aseguró que "los ataques contra la Cicig representan una bofetada en la cara del gobierno estadounidense", debido al apoyo brindado a esa instancia.
Ante ello, pidió a Estados Unidos suspender "inmediatamente todo el financiamiento a Guatemala, hasta que haya un claro compromiso a combatir la corrupción".
Según la activista, Estados Unidos ha invertido unos 45 millones de dólares en financiamiento para la Cicig desde su funcionamiento en 2007.