La fiscalía anticorrupción española propuso este viernes investigar el presunto pago de comisiones por la concesión del tren de alta velocidad a La Meca, que podrían haber beneficiado al rey emérito Juan Carlos I según una examante.
En un comunicado, la fiscalía ve "procedente" investigar una posible "corrupción en las transacciones comerciales internacionales", a pesar de que los indicios son "extraordinariamente débiles" y de que Juan Carlos todavía era jefe de Estado en el supuesto momento de los hechos, 2011, por lo que gozaba de inviolabilidad.
En cambio, desestimó seguir investigando la presunta existencia de cuentas bancarias y terrenos ocultos del monarca (1975-2014) en el extranjero, alegando que los indicios son "notoriamente insuficientes".
Cuatro años después de su abdicación, forzada por los numerosos escándalos que corroían a la monarquía, Juan Carlos I se encontró de nuevo en el ojo del huracán por la filtración en julio de unas grabaciones a su examante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
En ellas, esta aristócrata alemana explicaba a su interlocutor, un turbio excomisario español encarcelado por supuesto blanqueo, que el rey emérito escondía cuentas bancarias en Suiza a nombre de un primo suyo y la había utilizado a ella para ocultar un terreno en Marruecos.
Cobros ilegales
Juan Carlos habría cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina, en Arabia Saudí, a un consorcio de empresas españolas.
La causa está ahora en manos del juez que instruye el caso del ex comisario que habló con Corinna, pero la fiscalía pide archivarla para iniciar una investigación separada.
Las revelaciones de Corinna llevaron de nuevo a la Casa Real al centro del debate político tras el encarcelamiento en junio de Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI condenado a más de seis años por malversación.
La formación de izquierdas radical Podemos, tercera fuerza parlamentaria y principal apoyo del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez, pidió abrir una comisión de investigación en el Congreso, rechazada esta semana por los diputados.