La congresista Norma Torres, criticó este viernes en Emisoras Unidas el costoso cabildeo que, desde Guatemala, se ha pagado en Washington para desprestigiar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
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“Le estaban pagando 88 mil dólares por mes, de dónde sacaron este dinero, quién tiene ese dinero, vino del narcotráfico o del lavado, eso debemos preguntar”, manifestó la congresista de origen Guatemalteco.
Por el Estado de Derecho
Según los documentos proporcionados por Torres a Emisoras Unidas, en noviembre de 2007, la Asociación por el Estado de Derecho en Centroamérica (Association for the Rule of Law in Central America), contrató los servicios de la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP.
Estos abogados, que tienen sede en varias ciudades de Estados Unidos, tienen el compromiso de “proveer consultoría relacionada a alentar la asistencia de Estados Unidos a los países de Centroamérica para reforzar el Estado de Derecho”.
Estos servicios tienen un costo de US$80 mil al mes, y el contrato tiene una duración de un año, según indican los documentos.
Quien firma el contrato es el director de dicha asociación, David Landau, quien figura como periodista en varios medios en línea, entre ellos Impunity Observer y PanamPost.
Los artículos publicados por Landau son agudas críticas a la administración de Barack Obama y a la Organización de Naciones Unidas.
No es la primera vez
En mayo del 2017, salió a la luz que el exembajador para el tema de migrantes, Marvin Mérida, habría celebrado otro contrato con una firma de lobistas en Washington, con el objetivo de que el entonces embajador de EE.UU. en Guatemala, Todd Robinson, fuera relevado del cargo.
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La cancillería salió al paso en esa ocasión y destituyó a Mérida del cargo ad honorem, y aclaró que no tenía autorización para celebrar contratos a nombre del Presidente de la República y le retiró el pasaporte diplomático que le había extendido.
Luego de eso, salió a la luz que un grupo de diputados encabezados por Fernando Linares Beltranena y Manuel Conde, fueron intermediarios entre otra firma de abogados lobistas en Washington, con el mismo propósito.
