Jimmy Morales, quien llegó a la presidencia de Guatemala con la promesa de combatir la corrupción, enfrenta ahora la furia de miles de manifestantes que le recriminan la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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Morales anunció que no pedirá a la ONU una nueva ampliación, de 2019 a 2021, del ente que junto con la fiscalía ha pedido en dos ocasiones levantarle la inmunidad al presidente para investigarlo por sospechas de financiamiento electoral ilícito en su campaña de 2015.
La ofensiva de Morales contra la Cicig provocó bloqueos de carreteras por parte de organizaciones indígenas esta semana, además de protestas en la capital y otras ciudades, convocadas por estudiantes universitarios y organizaciones sociales.
Incluso los países donantes del llamado grupo G13, excepto Estados Unidos, han salido en defensa de la Cicig y refutaron la polémica decisión de Morales de prohibir el reingreso a Guatemala del jefe de la comisión, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.
La prohibición para Velásquez fue emitida la semana pasada, un día después de que el exjuez viajó a Estados Unidos para reuniones de trabajo. De acuerdo con el gobierno guatemalteco, la presencia del colombiano representa una amenaza a la seguridad y paz en el país.
"Ambas decisiones envían un mensaje equivocado en el sentido del compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción", dijo a la AFP el analista político Phillip Chicola.
El experto señaló que si bien el gobierno está en la facultad de no pedir una ampliación al mandato, "es cuestionable su legitimidad" y "se percibe un conflicto de interés" debido a que el presidente "está siendo sujeto a una investigación" por financiamiento electoral ilícito.
Cicig efectiva
Las acciones de Morales por quitarse del camino a Velásquez ocurren poco después de que la Cicig y el Ministerio Público pidieron quitar el blindaje judicial al presidente para investigarlo por sospechas de no haber reportado unos Q15 millones que aparentemente habría recibido el partido FCN-Nación, que lo llevó al poder.
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La petición para levantar los fueros presidenciales fue hecha en 2017 en conjunto con la entonces fiscal general Thelma Aldana y en agosto pasado, una nueva solicitud fue respaldada por la entrante Consuelo Porras, ahora con más indicios.
El analista político Javier Brolo señaló a la AFP que las acciones de Morales contra la Cicig no se justifican, toda vez que la corrupción es un problema que sigue latente en Guatemala.
"El problema de la corrupción no se ha resuelto. ¿Entonces en qué medida se justifica la capacidad del Estado de asumir esa responsabilidad de forma independiente?", cuestionó.
Chicola y Brolo coincidieron en que la Cicig, bajo el mando de Velásquez, ha rendido frutos en el combate a la corrupción.
"Ha sido un mecanismo muy efectivo para desarticular estructuras que habían capturado al Estado de Guatemala y que se habían beneficiado de negocios corruptos", refirió Chicola.
Del amor al odio
Antes de ser señalado de corrupción, Morales elogiaba el trabajo de la Cicig y, como promesa de campaña, dijo que pediría a la ONU la prórroga hasta 2021 del ente que funciona desde 2007.
La Cicig fue clave en 2015 en la revelación de un fraude en las aduanas que involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), quien renunció al cargo acorralado por el escándalo.
Ese caso de corrupción y otros destapados por la fiscalía y la Cicig provocaron el hastío de los guatemaltecos con los políticos tradicionales, favoreciendo a Morales considerado como un 'outsider'.
El señalamiento contra el hermano del presidente, Samuel Morales, y uno de sus hijos en la alteración de un contrato de alimentos en el Registro de la Propiedad, descubierto por la Cicig, fue uno de los primeros desgastes de Morales durante el cuatrienio presidencial que inició en enero de 2016.
La nueva crisis con la Cicig, a la que acusa de actuar como un ente paralelo de poder, golpeó la popularidad de Morales que ya venía erosionada desde el primer intento de restringir el funcionamiento de la Cicig.
Aunque el mandatario se aferra al respaldo de grupos afines a militares y fuerzas de derecha que señalan que la Cicig viola la soberanía nacional.
