El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llevaron a cabo este jueves un operativo en seguimiento al caso denominado “Seguridad y Transporte”, que señala irregularidades en proyectos de seguridad para el sistema de transporte Transurbano.
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Las entidades, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron 14 diligencias de allanamiento en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, que dejaron como resultado la captura de seis personas.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), explicó en conferencia de prensa que se señala a estas personas, entre quienes figuran exfuncionarios, empresarios y ex miembros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), de integrar una estructura que saqueó fondos del Estado.
Según las pesquisas, que abarcan el período del 2009 al 2011, se observaron irregularidades en el otorgamiento de contrataciones para proyectos de seguridad asignados a las unidades de transporte.
Entre estas, se determinó que en 2009 la Asociación, con acuerdos y connivencia de funcionarios de la época, propuso y posteriormente implementó un sistema de seguridad para el sistema público, para lo cual contrató a una empresa destinada a brindar este servicio de forma unilateral y sin hacer un concurso previo.
Ruta de los fondos
La investigación revela la posible existencia de una organización ilícita, cuyo propósito fundamental consistió en la sustracción de fondos públicos.
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“Se tiene como parámetro que del total de fondos trasladado por el Estado como parte del subsidio para el transporte en el año 2009, que ascendía a Q305 millones, al menos Q81 millones correspondieron al tema de seguridad”, explicó Sandoval con relación a los montos, pero está por establecerse aún la cifra de lo sustraído.
El proceso de este dinero se inicia cuando el Estado de Guatemala le otorga a la AEAU recursos públicos como parte del subsidio, de los cuales una parte se destinó a la seguridad del transporte.
Con el propósito de dotar de protección a las unidades, se subcontrató a varias entidades y se sustrajo recursos porque hay dinero que no fue utilizado, otro que se intentó justificar y otro que sí fue utilizado, pero para la compra de bienes en beneficio de integrantes de la organización.
De acuerdo con las pesquisas, algunas de las entidades no tenían capacidad para brindar los servicios, pues no contaban con sede física y tampoco estaban registradas en las entidades correspondientes.
Mientras que otras sí eran empresas formales de seguridad privada, con licencias, registros armamento y agentes contratados, por lo cual sí podrían haber prestado los servicios.
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Entre lo que se adquirió con estos recursos de origen ilícito hay bienes inmuebles y un helicóptero, que aparentemente fue utilizado en la campaña electoral del excandidato presidencial por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Baldizón, quien se encuentra en un centro de detención en Estados Unidos a la espera de ser deportado y está vinculado con el caso Odebrecht.
“Desarrollaron actividades de apropiación de fondos públicos estatales, se pudo consumar con éxito la apropiación de esos recursos, se logró la inserción de los fondos en la economía formal y se aseguró la continuidad de la actividad del grupo, además se ocultaron todas estas actuaciones”, expuso el fiscal sobre las actividades de esta red delictiva.
Y señaló que, de acuerdo con los avances que se tienen en las investigaciones, se podría establecer que este patrón aplicado en 2009, subsistió en los años 2010 y 2011.
