A inicios de 2018 el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron los resultados de una investigación que reflejaban posibles irregularidades relacionadas con el proyecto de transporte Transurbano.
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Por estos señalamientos se encuentran procesados el expresidente Álvaro Colom y 12 exintegrantes de su Gabinete de Gobierno, ya que se les vincula con un fraude al Estado por 35 millones de dólares.
En tanto, las entidades de investigación presentaron ayer el caso “Seguridad y Transporte”, que surgió del de Transurbano. En este se señala que la se habrían sustraído fondos que habían sido erogados por el Estado para la seguridad de las unidades de transporte.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); y Mario Castañeda, abogado defensor de Colom, conversaron sobre este tema hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Sandoval indicó que el caso que recién salió a la luz podría considerarse una más del tema Transurbano, pues se relaciona con el subsidio que se dio para el transporte urbano en el 2009, del cual una parte estaba destinada al pago de servicios de seguridad en los autobuses.
Un porcentaje de ese subsidio se dispuso para la seguridad, tomando en cuenta la elevación de incidentes armados que se registró en ese período, sobre todo en el área Metropolitana, pero una gran parte de este fue sustraído, indicó.
Tras darle seguimiento a la trazabilidad de los recursos, la FECI logró establecer tres modalidades de sustracción:
- Dinero del que no se ha encontrado el destino final, pero lo importante es que se identificaron acciones de peculado, pues se estableció que fue sustraído.
- Otra en la que un porcentaje sí está justificado con el tema de seguridad, pero otra se pretendió justificar; sin embargo, la información que se ha obtenido es que se trató de engañar o se falsearon datos para intentar justificar la erogación de recursos.
- Esta es en donde sí se pudo establecer el destino de los recursos y que fueron beneficiadas algunas personas, por ejemplo se adquirió un bien inmueble para beneficiar a Luis Gómez, extitular de la AEAU, y se compró un helicóptero que en campaña electoral estuvo en uso de Manuel Antonio Baldizón Méndez.
De acuerdo con Sandoval, se tiene información tangible, objetiva y de índole financiera para respaldar este caso, así como algunos testimonios.
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Señaló que por el momento no se tiene ninguna persona con calidad de colaborador eficaz en este proceso.
Por aparte, Mario Castañeda, abogado defensor de Colom, indicó que el surgimiento de este nuevo caso no tiene ninguna incidencia en el caso de Colom.
“Aquí han tratado la manera de tergiversar las cosas y confundir los términos”, dijo al asegurar que el sistema prepago en autobuses se analizaba desde cinco años antes de la administración de Colom.
Detalló que se procedió a aprobar esa política de Estado, que fue parte de un plan integral en el contexto de la alta cifra de muertes de pilotos. Y en esta se incluyó además implementar el sistema Transurbano.
“Si hay alguien que realmente tomó dinero en este caso que lo investiguen”, resaltó.
Nuevas líneas de investigación
El exdiputado y expresidenciable Aníbal García, señaló que Guatemala es uno de los países en donde se subsidia el precio del pasaje, pues si se cobrara el precio real le costaría al pasajero por lo menos Q6, no Q1 como actualmente está fijado en la Ciudad.
Esto es algo que se aplica en diferentes países, aunque varía en cada territorio, pues en algunos se entrega el subsidio a los usuarios y en otros, como Guatemala, se da a los transportistas.
A su criterio, no es malo que exista un subsidio, pero lo que falló aquí fue que al transferirle los fondos a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) sin mecanismos de control y fiscalización, prácticamente se trató de un “cheque en blanco” para quienes la integraban, pues utilizaban los fondos a su discreción.
“Se calcula que desde el gobierno del FRG se empezó a incrementar el subsidio de una forma injustificada, porque no hay estudio técnico que diga de cuánto debe ser. Hubo cifras escandalosas aprobadas por el Congreso para el subsidio, ello cuando la UNE fue la bancada oficial. El monto se disparó”, expuso.
En su momento, se aprobaron aproximadamente Q35 millones mensuales y Q8 millones iban para seguridad privada de los autobuses, dijo. El procedimiento que se seguía era que el Congreso aprobaba el presupuesto, el Ministerio de Finanzas hacía el traslado a la cartera de Comunicaciones, misma “sin ningún control” se lo entregaba a la AEAU, controlada por Luis Gómez.
“En 2008 empezó a recibir la AEAU Q8 millones al mes para seguridad privada, pero como no se establecieron controles, tenían la facultad de gastar en lo que se les diera la gana. El dinero era para pagarle seguridad a 2 mil buses, pero no fue así”, resaltó García.
De acuerdo con el entrevistado, esos fondos se transformaron en financiamiento para campañas políticas, compra de helicópteros, e incluso en recursos para muchos diputados.
“Ellos no aprobaron eso solo por conciencia de que había que apoyar a la población. Se tiene certeza de que gran mayoría de diputados cada vez que aprobaba subsidios en el Congreso, salía ganando algo”, manifestó.
En ese sentido, consideró que hay por lo menos otras cuatro líneas de investigación que deben seguirse y espera que pronto puedan darse resultados con relación a ello.
Por ahora solo se han descubierto la fase uno, que fue los 35 millones de dólares, en donde está involucrado Colom, y la fase 2, que es de seguridad privada, pero señaló otras irregularidades que deberían ser motivo de pesquisas.
“Muchos de los agremiados de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) denunciaron que cuando se les entregaba el subsidio se les pagaba una parte y se les retenía otra. Aproximadamente por cada bus les tocaba Q7 mil 500 y los directivos de AEAU se quedaban con parte de ese dinero y lo usaron para enriquecerse”, destacó.
