El Ministerio Público (MP) apelará las resoluciones por medio de las cuales se les otorgó arresto domiciliario a la exdiputada Daniela Beltranena y el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Martínez.
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Según explicaron fuentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a Emisoras Unidas, las acciones legales se plantearán bajo el argumento de que no han variado las circunstancias por las cuales anteriormente se les dictó prisión preventiva.
Es decir, que se considera que se mantienen el peligro de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad.
Beltranena, ex asistente de la ex vicemandataria Roxana Baldetti, está procesada en el caso Cooptación del Estado. El pasado miércoles el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, le otorgó la medida sustitutiva por aparentemente presentar problemas de salud.
El togado no le asignó ninguna caución económica para poder recuperar su libertad, pero sí dictó la medida de arraigo para evitar que salga del país.
Beltranena se encuentra ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, y guarda prisión preventiva en Mariscal Zavala.
En el caso Cooptación del Estado hay 53 personas ligadas a proceso penal, entre ellas, Beltranena, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
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Martínez beneficiado
Esta semana también se concedió arresto domiciliario a Gustavo Martínez Luna, exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina, quien está sindicado en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El juez Gálvez resolvió que tanto él como Mario Ruano Sanjosé y Lázaro Reyes recuperaran su libertad, tomando en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó el proceso.
Martínez permanecerá en arresto domiciliario, pero tiene autorización para ejercer su trabajo como abogado y notario, así como instructor de equitación. Además, tiene prohibido comunicarse con otros procesados.
Durante la audiencia, antes de que se dictara la prisión preventiva, el MP, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) se opusieron a que el exfuncionario saliera de prisión por considerar que es latente el peligro de fuga.
