El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó el lunes un recurso contra una ley antiterrorista que incluye disposiciones que criminalizan las protestas en el país centroamericano.
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El recurso fue introducido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pide que se declaren "inconstitucionales" los artículos de Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo que violan el derecho a la libre manifestación, dijo Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
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La ley fue aprobada en abril con el objeto de proteger la economía y el sistema financiero de los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, en el artículo 44 incluye en la definición de terrorismo a las personas que alteran el orden constitucional, a las que establece penas de entre 15 y 20 años de prisión.
El texto indica que serán considerados "terroristas" no solo quienes individual o colectivamente causen la muerte o daño a "cualquier persona", sino también quienes alterar el orden constitucional u obliguen a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
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La ley permite, además, congelar los activos a las personas que sean condenados por terrorismo.
El gobierno de Ortega ha acusado reiteradamente a los manifestantes que piden su dimisión de "terroristas" y "golpistas" financiados por Estados Unidos.
Núñez explicó que esta "ley fue aprobada en medio de la represión a las protestas para legalizar la criminalización contra la gente" que participa en las marchas.
Más de 300 nicaragüenses están detenidos por dirigir, apoyar o participar en las protestas contra el gobierno de Ortega, que iniciaron el 18 de abril, cuya represión dejan más de 320 muertos.
*Con información de AFP
