El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó el lunes un recurso contra una ley antiterrorista que incluye disposiciones que criminalizan las protestas en el país centroamericano.
El recurso fue introducido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pide que se declaren "inconstitucionales" los artículos de Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo que violan el derecho a la libre manifestación, dijo Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
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La ley fue aprobada en abril con el objeto de proteger la economía y el sistema financiero de los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, en el artículo 44 incluye en la definición de terrorismo a las personas que alteran el orden constitucional, a las que establece penas de entre 15 y 20 años de prisión.
El texto indica que serán considerados "terroristas" no solo quienes individual o colectivamente causen la muerte o daño a "cualquier persona", sino también quienes alterar el orden constitucional u obliguen a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
La ley permite, además, congelar los activos a las personas que sean condenados por terrorismo.
El gobierno de Ortega ha acusado reiteradamente a los manifestantes que piden su dimisión de "terroristas" y "golpistas" financiados por Estados Unidos.
Núñez explicó que esta "ley fue aprobada en medio de la represión a las protestas para legalizar la criminalización contra la gente" que participa en las marchas.
Más de 300 nicaragüenses están detenidos por dirigir, apoyar o participar en las protestas contra el gobierno de Ortega, que iniciaron el 18 de abril, cuya represión dejan más de 320 muertos.
*Con información de AFP