Las organizaciones que integran la Alianza por las Reformas expresaron su “profunda indignación” por las recientes acciones tomadas por el Gobierno de Guatemala con relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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En una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señalaron que la no renovación del mandato de la comisión y la prohibición para que el comisionado Iván Velásquez ingrese al territorio nacional son decisiones “absolutamente arbitrarias”.
Asimismo, manifestaron su respaldo al trabajo de Velásquez al frente de la CICIG, ya que a su criterio, ha trabajado de forma objetiva y profesional para cumplir con los fines del acuerdo de la comisión.
“Según encuestas recientes, más del 70% de la población respalda el trabajo de la CICIG y el comisionado Velásquez, así mismo desaprueba las decisiones del Gobierno”, cita el documento.
Y resalta que las acciones del Gobierno de Jimmy Morales violan el contenido del Acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala, así como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, específicamente en cuanto a que los Estados “deben cumplir los tratados de buena fe y no pueden invocar disposiciones de derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales”.
Las organizaciones instaron al secretario general de la ONU a solicitar al Gobierno guatemalteco que cumpla con el referido acuerdo y los convenios internacionales y no utilice las fuerzas militares y policiales para intimidar a la población.
Solicitudes
La Alianza por las Reformas consideró como una “arbitrariedad e insolencia” que el Gobierno de Guatemala desconozca a Iván Velásquez como comisionado de la CICIG, tal como se indica en la nota diplomática trasladada por la canciller Sandra Jovel al secretario general de la ONU.
“Esto constituye una flagrante violación del acuerdo de la CICIG, ya que el Estado no tiene facultades para destituir unilateralmente al comisionado”, cita.
También menciona que Guatemala no tiene facultades de fijar plazos a esa Secretaría, como el de 48 horas que se estableció para que traslade propuestas de posibles aspirantes a dirigir la comisión.
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En ese sentido, las organizaciones solicitaron a Guterres que rechace “categóricamente” las exigencias del Gobierno de Guatemala, pues consideran que con estas se busca acabar con el trabajo de la CICIG para que ya no investigue a funcionarios corruptos y redes criminales insertas en el Estado de Guatemala.
