El Ministerio Público (MP) autorizó que se inicien las diligencias para establecer si la canciller Sandra Jovel pudo haber incurrido en algún tipo de delito al haber hecho una serie de declaraciones en una conferencia de prensa el pasado 6 de septiembre.
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Para realizar este proceso se asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos, la cual deberá determinar si existen indicios de la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, acusación y denuncia falsa.
Esto se da en respuesta a un oficio enviado por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, a la fiscal general Consuelo Porras, en el que le solicitaba poder requerir a la ministra una explicación o aclaración de las afirmaciones hechas con relación a casos investigados por el ente investigador y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Además de ello, Sandoval pidió a la titular del MP proceder conforme a lo establecido en el artículo 298 del Código Procesal Penal, que se refiere a la obligatoriedad que tienen los funcionarios y empleados públicos de denunciar “sin demora alguna” los hechos, que conozcan en el ejercicio de sus funciones, y que puedan constituirse como un delito de acción pública.
Refutaciones
En el documento trasladado a la fiscal general, Sandoval señala que las declaraciones realizadas por la ministra de Relaciones Exteriores atañen al trabajo conjunto que realizan el MP y la CICIG.
Sin embargo, expuso que sus afirmaciones son “falsas y tendenciosas”, por lo cual afectan directamente el trabajo realizado por personal de la FECI, así como a la insittución.
Entre los temas de los que habló Jovel en esa ocasión, citando que hubo supuestas irregularidades de parte de la CICIG que afectaron a ciudadanos guatemaltecos, están el del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y el caso Pavón. Ante lo cual la FECI refutó sus señalamientos y dio a conocer cómo realmente avanzan esos procesos.
* Con información de Emisoras Unidas.
