El Juez Carlos Ruano, titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, encontró culpables al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y al ex viceministro Manfredo Pacheco del delito de fraude en forma continuada por el "Caso Blindados".
El Ministerio Público probó que Mauricio López Bonilla y Manfredo Pacheco dieron instrucciones para que se realizaran gestiones ilícitas para arrendar 47 vehículos blindados, por los cuales se cancelaron Q32.7 millones.
Los automotores reforzados fueron arrendados por medio de un procedimiento de excepción, detallan documentos de la Contraloría General de Cuentas que presentó la Fiscalía.
Sentencia
Esta fue la sentencia que leyó el juez:
- Como responsable a Héctor Mauricio López Bonilla y Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra del delito de fraude en la administración pública, cometido en perjuicio del Estado de Guatemala
- Que por dicha violación a la ley penal, impone a cada uno de los condenados, Héctor Mauricio López Bonilla y Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, la pena de 8 años y seis meses de prisión inconmutables y la inhabilitación especial para obtener cargos públicos, empleos y comisiones públicas por el plazo de 8 años y seis meses.
- Suspender a los condenados, Héctor Mauricio López Bonilla y Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena
- Absolver a Walter Vásquez Cerón del delito de abuso de autoridad que le fuera imputado.
Absuelto
Entre su argumentación, el juez Ruano también indicó que el Ministerio Público (MP) no pudo probar de manera eficiente que el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Walter Vásquez Cerón, haya incurrido en un delito en dicho caso. Por tal motivo, fue absuelto.
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"Yo sigo tranquilo"
Luego de haber escuchado la sentencia en su contra, López Bonilla dio algunas declaraciones.
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Por otra parte, aseguró que se siente satisfecho de enfrentar la ley como lo ha hecho hasta el momento.
Sobre el caso
Los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2014. La acusación detalla que fueron cinco contratos los que se suscribieron por un total de Q32 millones 700 mil.
Las pesquisas establecieron que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales esas gestiones, ya que los vehículos blindados no pueden incluirse en ningún rubro de maquinaria y equipo.
Debido a estos señalamientos, la Fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión contra López Bonilla por el delito de fraude. Finalmente fue sentenciado a 8 años y medio.